21 de febrero 2006 - 00:00
Por inflación, suben hasta 40% alquileres en las provincias
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Los casos mencionados involucran a aquellos donde el alquiler incluye el pago de impuestos. Si la tasa municipal está al margen del contrato, la suba pasa simplemente como un factor más de incremento del costo de vida.
Lo cierto es que los propietarios no quieren perder su margen de ganancia y exigen a las inmobiliarias que trasladen directa y completamente el aumento impositivo a sus inquilinos.
Un caso testigo ya se presenta en Paraná, Entre Ríos, donde los incrementos dispuestos por la municipalidad en la tasa general inmobiliaria (TGI) y en la tasa por servicios sanitarios (TSS), más la suba de 30% promedio en el avalúo de las propiedades, fueron trasladados directamente a los precios de los alquileres.
El panorama se repite en las principales capitales y en muchos municipios del conurbano bonaerense, donde está a la orden del día la suba de la tasa municipal deudora del revalúo de los inmuebles encarado por la provincia.
Inquilinos
Esta situación complica seriamente a todos los inquilinos que deben renovar sus contratos o firmar nuevos en estos meses. En muchos casos se trata de un simple traslado del costo, al punto de que si el impuesto municipal aumenta $ 50, esa cifra pasará a engrosar el alquiler del inmueble.
De todos modos, cada propietario se encargará de pactar con su inquilino las cláusulas de ajuste que considere necesarias. Mientras también se empieza a optar por la modalidad de contratos más cortos, con renovaciones a seis o doce meses.
Cabe recordar que, tal como publicó Ambito Nacional el 10 de enero pasado, existen muchas ciudades con notables subas en el precio de alquileres, entre las que se destacan Ushuaia y Rosario, con aumentos de hasta 200% y 40%, respectivamente, en comparación con 2004. Corrientes y La Plata también presentan alzas importantes, de entre 30% y 40%.
Como respuesta a este movimiento alcista, los inquilinos comenzaron a agruparse en forma local y a denunciar «abusos» por parte de los propietarios que, a sabiendas de la contracción de la oferta y la restricción para el acceso a créditos hipotecarios, «renegocian» los contratos apelando a cláusulas «indexatorias».




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