Presupuesto: cuestionan a Nación por "superpoderes"

Funcionarios provinciales consultados ayer por este diario coincidieron en señalar que, de ser aprobado por el Congreso Nacional con esa facultad el plan de gastos 2005 de Roberto Lavagna:

• la Ley de Responsabilidad Fiscal -que pone topes al gasto y el endeudamiento y es uno de los principales pedidos del FMI- no regirá para la Nación y
• se terminará acentuando «la concentración de poder» que hoy ya ostenta la Casa Rosada.

• Profundización

«La posibilidad de movilizar partidas presupuestarias no es nueva, pero, en este caso, se trataría de una situación distinta, porque implicaría profundizar aún más la ya alta concentración de poder que tiene Nación.» La frase, manifestada ayer por un ministro de Economía provincial, es compartida por varios de sus pares que fueron consultados ayer por Ambito Nacional.

Coincide la posición de los ministros con la manifestada este fin de semana por el gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, que deslizó críticas hacia el método de conducción de Néstor Kirchner, asegurando que «ejerce mucha concentración financiera y política».

En torno al Presupuesto nacional 2005, la polémica asoma en torno a los llamados «superpoderes» que obtendría Alberto Fernández si se respeta la letra del proyecto que el Ejecutivo entregó al Congreso el jueves pasado. Esto incluye excepciones al artículo 15 de la Ley 25.917, de Responsabilidad Fiscal.

Dicho artículo señala que «el Poder Ejecutivo nacional, los poderes ejecutivos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sólo podrán, durante la ejecución presupuestaria, aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado siempre que estuviera asegurado un financiamiento especialmente destinado a su atención. Asimismo, no podrán aprobar modificaciones presupuestarias que impliquen incrementos en los gastos corrientes en detrimento de los gastos de capital o de las aplicaciones financieras».

«Decir eso y decir que la Ley de Responsabilidad Fiscal no es aplicable para Nación es lo mismo», puntualizó ayer en estricto «off de record» otro ministro provincial que sostiene: «Esto no debería ser así de ningún modo, ya que todos los Estados, incluido el federal, deberían cumplir con topes de erogaciones corrientes. Además, la ley tiene como objetivo establecer una situación de igualdad y equidad, que no se estaría respetando».

A su vez, desde otra provincia opinaron que «se trata de una práctica ya habitual de este gobierno, que igualmente todavía debe atravesar el Congreso». «No es mucho lo que podemos hacer desde el interior y, además, si levantamos demasiado la voz, corremos riesgo de ser sancionados, porque hay mucha dependencia con respecto a Nación», agregó la fuente. También desde las provincias se apuntó que hay que tener en cuenta que, si bien aún no fue reglamentada, la Ley de Responsabilidad elaborada por Nación «también reserva para el Estado federal un poder de veto en el Consejo Federal que controlará el cumplimiento de la ley, lo cual es una inconsistencia similar a la de otorgar superpoderes».