Previsible: crece presión de provincias sobre contribuyentes

Claudio Poggi

En línea con la necesidad apremiante de fondos frescos, los gobernadores lanzaron en las últimas semanas una andanada de medidas para incrementar la recaudación, que pegotea subas impositivas con amplias moratorias que son la antesala de una fuerte embestida judicial sobre los contribuyentes morosos.

Se trata de parte de la estrategia desplegada por los mandatarios para acceder a recursos adicionales, para así hacer frente a la desaceleración de los ingresos por coparticipación y de las recaudaciones locales promedio.

En materia de subas impositivas, los nuevos aumentos se dieron a pocos meses de ser sancionados los presupuestos 2012 y sus respectivas leyes tributarias, y las estrellas son el Impuesto a los Ingresos Brutos y el Inmobiliario Rural.

La movida más reciente en este sentido fue la desplegada por el gobierno de San Luis, liderado por el peronista crítico Claudio Poggi, que en el marco de la aplicación de un plan de «austeridad» decidió en las últimas horas presentar una propuesta de modificación de la Ley Impositiva anual para incorporarle incrementos en Ingresos Brutos y Sellos, en el Inmobiliario y en el Automotor.

Poggi se sumó así al lote de Ejecutivos con aumentos ya aprobados -o que serán sancionados en el corto plazo-, que integran, entre otros, los justicialistas Daniel Scioli (Buenos Aires), Francisco Pérez (Mendoza), José Alperovich (Tucumán), Daniel Peralta (Santa Cruz) y Alberto Weretilneck (Río Negro), y el socialista Antonio Bonfatti (Santa Fe).

La política de incrementos impositivos se extendió, previsiblemente, a los municipios, que también acusan impacto de la merma en los recursos.

Precisamente, por caso, ayer fue blanco de la queja de los contribuyentes por el aumento de las tasas el intendente de la ciudad de Mendoza, el radical Víctor Fayad, de la mano de una protesta llevada adelante por comerciantes, quienes incluso amenazaron con una rebelión fiscal si no disminuye la presión impositiva.

En paralelo, los gobernadores también apelan de manera creciente a la alquimia de las moratorias, con la mirada puesta en bajar la morosidad y como medida previa a la profundización de las embestidas judiciales contra los deudores.

En esa línea, por caso, el Gobierno de Neuquén lanzó esta semana una moratoria hasta el 31 de julio tendiente a recaudar $ 150 millones, con un plan de hasta 60 cuotas y descuentos del 70% por pago al contado.

«El régimen contempla planes de hasta 60 cuotas, constituyendo una excelente oportunidad para todos los contribuyentes que necesiten regularizar su situación impositiva, evitando de esta manera próximas ejecuciones fiscales», remarcaron desde el Ministerio de Economía de la gestión de Jorge Sapag (Movimiento Popular Neuquino).

En sintonía, en Río Negro, el Gobierno de Weretilneck sostendrá hasta el 30 de este mes una campaña de facilidades de pago para contribuyentes de impuestos provinciales, tras lo cual iniciará acciones masivas de cobro judicial para aquellos que no regularicen su situación.

«Vamos a cambiar nuestra política de cobro por la vía judicial de la deuda desde el 1 de julio, realizando acciones mucho más fuertes», advirtió el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Agustín Domingo.

En Córdoba, en tanto, el mandatario José Manuel de la Sota prorrogó hasta el 30 de este mes la moratoria que venció el 31 de mayo, y que incluye a cerca de 300 mil deudores de multas impuestas por la Policía Caminera.

Por su parte, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) detectó ahora incumplimientos tributarios de entre 2009 y 2010 por $ 160 millones en 133 grandes empresas, mediante un operativo de fiscalización integral.

Según se informó, las firmas -que en su papel de agentes de recaudación de la provincia debían percibir o retener a los contribuyentes pagos a cuenta de Ingresos Brutos- realizaban diferentes maniobras para eludir esa obligación y no depositarle a ARBA las sumas que tenían que remitirle.

En Mendoza, en paralelo, avanza el proyecto oficial impulsado por el gobernador justicialista Francisco Pérez: una Agencia de Recaudación Fiscal inspirada en la ARBA bonaerense y con características autárquicas.