Provincias grandes, sin ley de emergencia

El cierre de la emergencia en estas provincias les significó la desaparición de un importante paraguas protector, que defendía a los gobiernos de concretar fuertes erogaciones de dinero, ya que habilitaba recortes salariales, reformulación de contratos y postergación de juicios contra el Estado. De todos modos, la derogación fue decidida por los mencionados gobiernos del interior en vista de una creciente recuperación de la economía y del reconocimiento del carácter de excepcionalidad de una herramienta de ese tipo.
Con una economía nacional en crecimiento, que puede resumirse en superávit récord de más de 5 por ciento del PBI, cercano a 7.600 millones de dólares durante 2004, parece poco justificado el pedido del Presidente de prorrogar a nivel nacional una emergencia vigente desde 2002.
Los móviles, sin embargo, apuntan -además de a los contratos de empresas públicas y a la extensión de la doble indemnización- a otorgar poderes al Ejecutivo para firmar decretos sobre amplias áreas, como el sistema financiero, bancario y de mercado de cambios, o el desarrollo de economías regionales, por caso.
 Diferencia
Nada de esto ocurre en las provincias, ya que en diciembre de 2003, los justicialistas gobernadores de Buenos Aires, Felipe Solá; de Córdoba, José Manuel de la Sota; y de Santa Fe, Jorge Obeid, obtuvieron consenso para poner fin a la excepcional emergencia económica, y los poderes que otorga a los Ejecutivos, como señal de normalización del funcionamiento oficial.
Culminó así la etapa de recortes y congelamientos salariales y antigüedad para estatales, por lo cual, presión de gremios mediante, en 2004 se abrió la puerta a sucesivos aumentos de haberes.
Paralelamente, quedó habilitado el pago de juicios ganados al Estado y el normal cumplimiento con los proveedores de la administración pública. El propio De la Sota aseguró a principios de este año que se trataba de una «señal de seriedad» por parte de la provincia mediterránea.
Sin el escudo de la emergencia económica, las provincias contarán sin embargo en 2005 con los límites que impondrá la Ley de Responsabilidad Fiscal, que si bien funcionará entre otros puntos para limitar gastos de la administración pública, no tendrá un carácter «protector» sino restrictivo.