Provincias ponen reparos para adherir a ley fiscal

En ese lote de pretensiones se encuentran por caso la necesidad de conocer la «letra chica» de la norma antes de adherir; y la búsqueda de un compromiso financiero de Nación para hacer frente a gruesos vencimientos de deuda o de una atención diferencial por la buena letra en materia financiera. Aprobada por el Congreso Nacional en agosto, la ley fiscal impone límites al gasto y endeudamiento provincial y fue impulsada por el ministro Roberto Lavagna como un «remiendo» para conformar al FMI tras la caída del debate por una nueva Ley de Coparticipación Federal.
Sin embargo, y tal como lo señaló ya Ambito Nacional, transcurridos dos meses y medio apenas Jujuy y Tucumán adhirieron formalmente a la ley y en la Casa Rosada comenzaron las señales de preocupación, al punto que son muchos los que opinan que difícilmente la ley pueda comenzar a regir a partir del 1 de enero.
En 70 días que quedan, Lavagna deberá consensuar con todos los gobiernos provinciales una reglamentación para la ley fiscal -justamente uno de los puntos que hoy frena la aceptación en el interior- y luego aguardar las adhesiones legislativas.
En este último punto entran también a jugar disputas políticas dentro de cada distrito, ya que no siempre el Poder Ejecutivo domina la voluntad parlamentaria. Misiones es un ejemplo de ello, ya que si bien desde el oficialista Frente Renovador insisten en la adhesión a la ley fiscal, la Legislatura dominada por la oposición impide todo avance en este sentido.
En este marco, el ministro de Economía bonaerense, Gerardo Otero, aseguró que su provincia «aceptará la ley». «Pero aún no hemos adheridos a ella, ni se ha solicitado a la Legislatura que apruebe su adhesión, porque aún no fue reglamentada», por Nación, dijo. Idéntido panorama mostró el gobernador entrerriano Jorge Busti.
Claro está: las provincias quieren ver la letra chica de esta ley fiscal antes de comprometerse a gobernar bajo sus designios. Para ello habrá una cumbre en los próximos días entre los ministros de Economía provinciales y el gobierno nacional.
Existe, en tanto, un factor de presión fuerte que tiene Nación: la renegociación del pasivo provincial. El conjunto de los distritos, con Buenos Aires a la cabeza, tiene servicios de deuda pública por
$ 7.800 millones, entre 2005 y 2006, 75% de los cuales deberán ser pagados a la administración federal.
En este marco, Nación ya hizo saber que la adhesión a la Responsabilidad Fiscal es condición necesaria para acceder a una reformulación de los pasivos, así como a cualquier tipo de ayuda financiera. Sin embargo, este recurso pierde peso frente a administraciones que no requieren de este tipo de ayuda como Neuquén, San Luis, La Pampa o Salta, por ejemplo.
De hecho, hay distritos que rechazan de plano la ley fiscal, como Neuquén y Catamarca. Para los neuquinos, «la ley no salió en las condiciones que se habían planteado desde las provincias» e insisten en la reapertura de la discusión por la Ley de Coparticipación. Desde Catamarca, por su parte, entienden que «las provincias no van a tener previsibilidad» en el gasto público.
 Espera
En tanto, algunos de los gobiernos que se mantienen expectantes son San Luis, Córdoba y Río Negro, a la espera del avance en la reglamentación; así como de la actitud de otras provincias y del estudio del presupuesto nacional 2005, que será sancionado en noviembre.
Con condiciones, en tanto, se anota La Pampa, que objeta aspectos particulares al considerarse una provincia con «conducta superavitaria». En similar postura se encuentra Corrientes, cuyo Ministerio de Economía aguarda un encuentro para esta semana con funcionarios nacionales, y La Rioja, que manifiesta desconocer aún con qué fondos contará en 2005. Por su parte, también San Juan pone reparos para adherir, a la espera de tener «los números en la mano» y conocer qué tipo de financiamiento obtendrá en 2005 para enfrentar los vencimientos.