R. Saá busca negociar con docentes salida a la crisis

Ayer, la agrupación que reúne a partidos políticos opositores y gremios combativos reiteró su planteo tras los violentos incidentes del viernes por la noche, que tuvieron como saldo más de 50 personas demoradas y unos 20 heridos. Justamente, el resultado que dejó el enfrentamiento entre manifestantes y policías después de que una media docena de edificios públicos y privados -entre ellos, «El Diario de la República», propiedad del gobernador- fueran destrozados, fue el argumento para reforzar el plan de lucha opositor.Por eso ayer a la tarde se realizó una nueva protesta en Casa de Gobierno, frente a la cual está montada la Carpa Docente, para pedir una vez más la renuncia del gobernador Rodríguez Saá.
En ese marco se reforzó el plan de acción al ratificarse el paro docente por tiempo indeterminado. La referente de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (entidad que no tiene personería jurídica), Graciela Murúa, fue la encargada de anunciar la decisión de ampliar la medida de fuerza. Pero fue más allá y critica al gobierno nacional por «demorarse» en tomar cartas en el asunto.
Mientras la dirigente intentó poner el conflicto en terreno de la administración de Néstor Kirchner, el polo opositor designó una comisión especial que viajará hoy a Capital Federal para reunirse con el ministro del Interior, Aníbal Fernández. A los pronunciamientos y medidas adoptadas ya consiguieron que la agrupación Laicos Católicos Autoconvocados -que responde al obispo Jorge Luis Lona, también enfrentado a Rodríguez Saá- confirmara que mañana realizará una nueva marcha.
 Movilizaciones
Este domingo, la multisectorial llevó adelante distintas acciones para mantener la iniciativa (en Villa Mercedes también organizaron para hoy movilizaciones contra el gobierno provincial), pero la atención de los sanluiseños estaba ayer puesta en otro lado. De hecho, por las festividades religiosas del Cristo de la Quebrada fue feriado en San Luis y los habitantes dedicaron toda su atención al fervor religioso.
A todo el movimiento que puso al gobierno provincial en un clima de crisis el propio gobernador, Alberto Rodríguez Saá, respondió que aceptó la propuesta de «mediación» del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. Pero la cartera de Daniel Filmus frenó su ofrecimiento: «No es posible realizar ninguna negociación debido a la violencia», condicionó.
La vigencia del Estatuto Docente fue el disparador del conflicto que hoy soporta la provincia y que el propio gobernador planteó poner en «statu quo» para acordar «en un breve plazo» un nuevo plan.
«El gobernador Alberto Rodríguez Saá está preocupado por la crisis que afecta a la provincia, pero al mismo tiempo está tranquilo porque ha enviado todas las señales y gestos para hallar una salida», confiaron allegados. En rigor, en el oficialismo domina la «convicción y la certeza» de que el «conflicto es político, más que cualquier otra cosa». Presentan como «evidencia y pruebas» la serie de acontecimientos que se sucedieron en la últimas semanas. No se duda del «soporte externo» como la llegada de «gente desde afuera» que le dio a la protesta el giro violento.
A ello agregan «la sed de revancha» de la oposición que desde hace 20 años quiere acceder al poder. «De otra forma no se explica que no quieran sentarse a dialogar», justifican.