Rechazó la Justicia denuncia por sedición

El sábado por la tarde, la Justicia Federal se declaró incompetente y devolvió el expediente a los tribunales locales. Mientras que el secretario legal y técnico de la provincia, Pablo Abinal, podría ser sancionado por firmar un escrito oficial sin estar matriculado en la isla.Luego que el fiscal federal Juan Soria y la jueza subrogante Mercedes Orgeira de Castañeda Paz se declararan incompetentes, la causa recayó en el juzgado de María Cristina Barrionuevo, quien rechazó el planteo «in limine», por evaluar que no reunía los requisitos constitutivos de la figura delictiva.
 Conflicto
En simultáneo, el vicegobernador Hugo Cóccaro, a cargo interinamente del Ejecutivo provincial, denunció ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) fueguino una «asociación ilícita agravada» de Colazo y sus funcionarios, quienes se resisten a abandonar la Casa de Gobierno y acatar la decisión del cuerpo legislativo.
Crece así el conflicto de poderes en el orden provincial y se cruzan las medidas del gobernador suspendido y de su sucesor interino, abonando el desconcierto que ya reina en el seno de la administración pública. Cobra fuerza, además, la hipótesis de una intervención federal luego de las elecciones del próximo 23.
Por su parte, la Sala Acusadora convocó en las últimas horas a los funcionarios que deberán prestar declaración testimonial en el marco de las dos causas contra Colazo que desataron los pedidos de juicio político. Una causa está vinculada con la presunta retención de fondos coparticipables a la Municipalidad de Río Grande. Por ella declaran este miércoles el intendente de esa comuna, Jorge Martín; el ex secretario de Finanzas Gabriel Clementino; los vocales del Tribunal de Cuentas de la provincia; y el fiscal de Estado de la isla, Virgilio Martínez de Sucre.
Por la causa que objeta el manejo de partidas del Presupuesto 2004, fueron convocados para el jueves los vocales, el secretario contable y el equipo de investigación del Tribunal de Cuentas, además de los auditores fiscales que redactaron el informe. Para el viernes, en tanto, está prevista la asistencia del abogado Alejandro de la Riva, quien impulsó los pedidos de juicio político contra Colazo.
En un intento por posicionarse al frente del Ejecutivo, el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Cóccaro, insiste en apartar al colacismo de Casa de Gobierno. De hecho, remitió cartas documento a todos los ministros del gabinete para que se abstengan de refrendar actos administrativos que no cuenten con su aval y se queja porque «Colazo obra como si estuviera en el cargo de gobernador». Solicitó, además, que el fiscal de Estado actué ante un posible perjuicio a la provincia, por eventuales demoras en el ejercicio del Ejecutivo.
Haciendo caso omiso a la avanzada de Cóccaro, el suspendido Colazo reclamó a los fueguinos no participar de manifestaciones ya que «los sectores que hoy convocan fueron denunciados penalmente por delitos de sedición, en grado de tentativa».
La crisis institucional también tuvo su impacto en el comité provincial de la UCR luego que la conducción nacional decidiera el jueves último intervenir, por segunda vez, el partido. Cabe recordar que el primer intento de intervención del presidente Angel Rozas fue frenado por autoridades locales.
En medio del caos político y conflicto de poderes, el gobierno nacional vuelve a hacer pie en la isla: mañana llega el ministro de Infraestructura, Julio De Vido.