San Luis va a Corte por traba a comicios (“autonomía violada”)

Respecto al núcleo de la defensa, el secretario legal y técnico de San Luis, Eduardo Allende, reivindicó la «potestad soberana de la provincia de hacer y reformar su Constitución». «Estamos frente a una enmienda sancionada por la mayoría especial necesaria de la Legislatura», aseguró. Injerencia
Para el funcionario, en esta instancia se «violó la autonomía provincial». «Estando frente a un poder constituyente, la Corte no tiene ninguna injerencia sobre esta decisión de la provincia. Por eso sostenemos que es un ataque al federalismo que teóricamente reina en el país», puntualizó el funcionario.
La resolución tuvo doble impacto en la provincia:
c La oposición -encabezada por el intendente y candidato a gobernador del Frente Juntos por San Luis, Carlos Ponce- entiende que las elecciones del último domingo de abril quedaron suspendidas como consecuencia del pronunciamiento del Alto Tribunal, que se declaró competente e hizo lugar a los recursos de amparo.
c El gobierno, por su parte, considera que la resolución no tiene ese alcance. «Lo único que tenemos es una medida cautelar sobre la duración de los mandatos y no sobre el proceso electoral, que no tiene ningún cuestionamiento por lo cual sigue total y absolutamente inalterable», afirmó el ministro de Gobierno, Joaquín Surroca.
Es que, según entendió la Corte, no puede modificarse la vigencia del tiempo de ejercicio en la función de los legisladores provinciales que presentaron el amparo. En el gobierno sanluiseño sostienen que, en principio, no les puede exigir que dejen los puestos el 25 de mayo como impone la Ley de Caducidad.
Esta es la interpretación de la administración de Alicia Lemme, que a su vez plantea que el momento en que deberán dejar los cargos los accionantes se dilucidará cuando haya una definición sobre la cuestión de fondo: la constitucionalidad o no de la ley de acortamiento de mandatos.
Tanto Allende como Surroca señalaron que «el gobierno de San Luis acatará lo que la Corte disponga en relación con la cuestión de fondo, una vez que ejerzamos nuestro descargo».
La administración sanluiseña, al fijar oficialmente su posición, confirmó la convocatoria a elecciones para el 27 de abril -ese día jugará sus suerte además el presidenciable Adolfo Rodríguez Saá- y que ese día se someterá a consideración del electorado la enmienda de la Carta Magna que permitió llamar a la renovación de la totalidad de los puestos electivos.
Ponce, candidato a gobernador de la coalición opositora, se adjudicó la resolución de la Corte como un triunfo político sobre el gobierno y no ahorró críticas hacia el oficialismo local. En cambio, la administración provincial se limitó a ratificar en todos sus términos el cronograma electoral. Sin embargo, voceros del frente oficialista consideraron que «detrás de todo está el gobierno nacional que metió la mano». Aportaron un dato: el viernes al mediodía un avión de la Fuerza Aérea ingresó al aeropuerto y se reportó como un vuelo privado. La aeronave, que fue enviada por el gobierno nacional, trasladó a Ponce y su principal operador, Sergio Calderón, a Capital Federal.