Santa Cruz: se dilata informe

El escrito formulado por el fiscal de Estado, Pablo González, sin embargo no contiene la documentación que reclama el senador nacional, Carlos Prades (UCR), quien había presentado una acción de amparo ante el juzgado provincial en primera instancia para exigir que se den a conocer los movimientos de los fondos provinciales entre 1993 y 2003.En cambio, la presentación deja constancia, según manifestó ayer González, que «no es claro el reclamo que contiene la acción de amparo» y que la información «ya fue hecha pública», en referencia a las cerca de 500 fojas de las que el Tribunal de Cuentas provincial se valió para aprobar en julio pasado la rendición de cuentas provincial que incluía los fondos expatriados.
Al respecto, el pedido del radicalismo liderado por Prades, apunta a que la información que brinda el Ejecutivo da cuenta de los actuales activos de Santa Cruz en el exterior -unos u$s 507 millones-, pero no pone luz sobre el recorrido que sufrió ese dinero desde 1993 y que, intereses mediante -aseguran-, debería rondar los u$s 1.200 millones.
Por su parte, el Ejecutivo santacruceño se apoya también en que el fallo de la jueza Claudia Guerra, si bien hizo lugar al pedido de Prades para dar a conocer la información sobre el dinero depositado en el exterior, rechazó la petición para que se declare la incostitucionalidad de la Ley 2.663 que, en resumen, permitió que se aprobara en el marco político de la Legislatura y no en el contable del Tribunal de Cuentas, la rendición de cuentas desde la gestión de Kirchner a la actual de Sergio Acevedo.