24 de septiembre 2004 - 00:00
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Al respecto, el pedido del radicalismo liderado por Prades, apunta a que la información que brinda el Ejecutivo da cuenta de los actuales activos de Santa Cruz en el exterior -unos u$s 507 millones-, pero no pone luz sobre el recorrido que sufrió ese dinero desde 1993 y que, intereses mediante -aseguran-, debería rondar los u$s 1.200 millones.
Por su parte, el Ejecutivo santacruceño se apoya también en que el fallo de la jueza Claudia Guerra, si bien hizo lugar al pedido de Prades para dar a conocer la información sobre el dinero depositado en el exterior, rechazó la petición para que se declare la incostitucionalidad de la Ley 2.663 que, en resumen, permitió que se aprobara en el marco político de la Legislatura y no en el contable del Tribunal de Cuentas, la rendición de cuentas desde la gestión de Kirchner a la actual de Sergio Acevedo.



