«El ENA tendrá poder de gestión y de administración, no sólo en las 15 ciudades con servicio concesionado, sino también en el resto de la provincia», explicó el mandatario.
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La idea es que la instrumentación del ente permita recuperar servicios sin violar las cláusulas contractuales con las empresas concesionarias, y que las nuevas redes que se construyan sean propiedad del Estado provincial, en sociedad con las comunas. El Fondo Fiduciario se constituirá con aportes provinciales, y otros provenientes de la invitación a integrarlo que se efectuará a municipios, comunas y cooperativas.
Las obras serán financiadas con recursos de ese fondo, en tanto que el ENA será el encargado de administrar todas las obras. Ese organismo tendrá jurisdicción sobre todas aquellas redes no concesionadas, las que hayan sido construidas después de la concesión del servicio, o las que hayan sido rescatadas de la empresa concesionaria a través de los mecanismos de la negociación que se lleva adelante.
«La idea es que el Estado recupere el imperio sobre la prestación de los servicios de agua potable y cloacas», dijo Obeid, quien aclaró que no se puede «hacer en forma intempestiva porque hay que respetar los contratos».
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