Scioli apura su reforma judicial

Buenos Aires - El gobierno de Daniel Scioli convocará a sesiones extraordinarias en febrero para lograr que la Legislatura avance en el tratamiento del proyecto de reforma penal, que había intentado sin éxito Felipe Solá. El jefe de Gabinete y Gobierno, Alberto Pérez, explicó que la intención es reformular «el Tribunal de Casación y la Ley de Flagrancia».
El año pasado, el gobierno de Solá también diseñó, en cronograma de verano, la idea de consensuar el mega proyecto de reforma judicial. Pero tanto en las extraordinarias de febrero pasado hasta el último día de su gestión, la iniciativa cosechó el rechazo global de la comunidad judicial.
Diseñada entonces desde las oficinas del Ministerio de Justicia que comandaba Eduardo Di Rocco, la reforma cayó por la dura reacción de jueces, funcionarios, gremios y ONG. Desató, además, una negativa legislativa desde el peronismo oficial.
En medio de ese ruido avanzó en Diputados: a fin de diciembre, en una larga madrugada, Solá logró que legisladores del kirchnerismo, el felipismo y el PJ voten su ley. Hubo, sin embargo, «bajas» en todos los bloques, fragmentados ante esa iniciativa.
El bloqueo llegó en el Senado, donde el FpV necesitaba votos del PJ o de la UCR para tener mayoría. Entre el apuro y las reservas, el proyecto durmió. León Arslanian sembró eso: unas horas antes, había trascendido una nota donde el ministro rechazaba parte de la reforma. A pesar de haber avalado la iniciativa cuando se presentó a principios de diciembre, sobre fin del mismo mes Arslanian le mandó notas personales a los miembros del Tribunal de Casación Penal expresándoles que no estaba de acuerdo con la eliminación de esa instancia.

 Polémica

La supresión de Casación, escalón previo a la Corte, era una de las claves de la reforma Di Rocco porque, según el argumento oficial, está saturada con «7.000 causas» con lo que se convirtió en un trámite dilatorio que usufructúan los abogados defensores.
Otro punto complejo y fuertemente cuestionado por las asociaciones que representan a jueces y abogados, es la eliminación de los tribunales colegiados para crear cuerpos unipersonales y, de ese modo, constituir el «triple» de ámbitos de resolución de causas.
Ahora, el universo Scioli parece dispuesto a avanzar en la misma línea pero aclara que para ello el ministro de Justicia, Ricardo Casal, ha logrado los consensos necesarios para que la reforma de Casación y -de toda la reforma que se propone-, cuente con el respaldo de los magistrados y abogados, de los diferentes colegios.
«Ningún proyecto que auspiciemos va a estar falto de diálogo, todos vamos a buscar el consenso a través de acercar posiciones», añadió Pérez.
El proyecto del gobierno bonaerense apunta a que el Tribunal de Casación se dedique sólo a la revisión de sentencias de tribunales orales, ya que actualmente está «colapsado» con miles de expedientes sin resolver.
En cuanto a la Ley de Flagrancia, la administración de Scioli propone extender esa modalidad, ya vigente en 11 departamentos judiciales, a toda la Provincia.
Se trata de la posibilidad de que, en delitos esclarecidos, los autores sean indagados y procesados dentro de los 25 días posteriores de ocurrido el hecho y que el imputado decida llegar a juicio en no más de 60 días.