Sigue ofensiva

Las detenciones de los Juárez, Pena y otros cinco funcionarios del anterior gobierno corresponden con la investigación de la presunta «coacción agravada y privación ilegítima de la libertad» del ex vicegobernador Darío Moreno, quien anoche aseguró que en julio de 2003 fue obligado a renunciar por diputados provinciales y nacionales justicialistas.Por su parte, desde el entorno del juarismo, reiteraron ayer que «todo es político; quieren proscribir a los Juárez y tapar con espectaculares procedimientos judiciales la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que anuló las elecciones a convencionales constituyentes».
Por su parte, el interventor federal, Pablo Lanusse, continúa en Buenos Aires hasta el domingo, por un chequeo médico cardiológico, e intenta alejar los fantasmas de su supuesta renuncia asegurando que «está decidido a permanecer» hasta el 21 de marzo. Asimismo, el ministro de Justicia de Santiago del Estero, Luis Alem, señaló que «no fue un capricho» reformar la Constitución de la provincia y que la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes «forma parte del reclamo de la gente».