Sin la 125, caen también promesas

Pocas horas después del mazazo que le dio el vicepresidente Julio Cobos a las retenciones móviles, los gobernadores comenzaron a lamentar la manera en que se esfumó un paquete de obras públicas prometido por Cristina de Kirchner, que precisamente iba a ser financiado con lo recaudado por las exportaciones agrarias.
Se trata del caído -al menos, por el momento- Plan de Distribución Social, que fue la manera en que vanamente la Presidente intentó doblegar las estocadas de los ruralistas, al pregonar sobre una lluvia de obras para el interior.
Pero ahora el escenario cambió, y los mandatarios transitan por un escenario de sensaciones ambivalentes: si bien es innegable que la derogación de la Resolución 125 pacificó las convulsionadas plazas provinciales, muchos ya se preguntan cómo harán para justificar ante sus comprovincianos las dificultades que encontrarán para concretar -si es que finalmente logran hacerlo- las obras prometidas a cuenta de ese fondo nacional que ya es pasado.
Presurosos, luego de que la Presidente anunció ese plan, varios caciques provinciales anunciaron las obras prioritarias que se nutrirían de los recursos gestados por las retenciones. En ese lote se encuentran, entre otros, el bonaerense Daniel Scioli y el mendocino Celso Jaque.
Sin embargo, la postal de nuevas tensiones se vive con especial virulencia en La Rioja, quizás porque esa tierra alberga a Teresita Quintela, una de las senadoras nacionales del Frente para la Victoria que inclinó la balanza a favor del campo. En las últimas horas, desde la Secretaría de Obras Públicas que dirige Juan Carbel lamentaron «la cantidad de obras y la fuerte inversión que no se harán en la provincia».

 Proyectos

«El Programa de Redistribución Social se cae, ya que el fondo que lo sostenía era el que se generaba en base a las retenciones sojeras», alegaron, además de precisar que «se tenían elaborados proyectos de obras por más de 200 millones de pesos».
Los funcionarios del gobierno del justicialista Luis Beder Herrera también se quejaron por «la falta de compromiso y responsabilidad de los legisladores que eligieron una postura sectorial, no consultaron a intendentes y concejales del interior y permitieron que se retroceda en cuanto a los intereses de la provincia».
«Lo que se podría haber ganado acompañando el proyecto, ahora vamos a tener que recuperarlo con mucho esfuerzo de gestión, trámites y acuerdos que seguramente dilatarán las obras y concreciones para la gente», enfatizaron, según lo reseñado por el portal Rioja Virtual.
Ese discurso fue sostenido, además, aunque con matices, por distintos intendentes del interior provincial, alineados con el gobernador, y hasta por el propio diputado nacional Alberto Paredes Urquiza (FpV), quien aseguró que si bien «respeta profundamente lo actuado», «ahora a La Rioja le costará más caro conseguir recursos». «Me pregunto de qué manera piensan conseguir esos fondos ahora los que votaron en contra del proyecto», castigó.