¿Sirven los acuerdos de precios?

Desde que Roberto Lavagna abandonó el Ministerio de Economía, la principal herramienta elegida por el gobierno para combatir la acechante inflación es el controvertido sistema de importes máximos para los productos básicos de la canasta familiar, como aceite, carne y lácteos. Su eficacia ha sido más que relativa. Lo que se necesita es inversión. Cuando la convertibilidad uno a uno entre peso y dólar saltó hecha añicos tras años de paridad errónea y penosamente sostenida, el principal damnificado -como siempre en las crisis económicas- fue el pueblo. El brutal aumento de precios golpeó directamente en los bolsillos de los trabajadores.
La paradoja es que la nefasta repercusión inicial en el mercado interno del cambio de modelo fue progresivamente neutralizada por la positiva transformación estructural que impulsó: la devaluación -desastrosa en sus efectos primeros- es la piedra basal sobre la que se edificó la recuperación posterior, que asombra al mundo y ha conseguido niveles de crecimiento similares a los de los pujantes países asiáticos.
Pero el fantasma de la inflación acecha y el gobierno, tras el alejamiento de su ministro «estrella», Roberto Lavagna, ha apelado a una herramienta controvertida para enfrentarla: los controles de precios. La visión ortodoxa, que deifica la libertad del mercado, abomina de semejantes tácticas; mientras tanto, desde el Palacio de Hacienda, la ministra Felisa Miceli asegura que tales pactos «tienden a generar previsibilidad» y desalientan «la expectativa inflacionaria».
Históricamente, sin embargo, su eficacia ha sido escasa o nula en la Argentina. La evaluación negativa de su implementación puede extenderse sin obstáculos a los últimos intentos plasmados por la gestión kirchnerista. Es que, al menos en la cruda realidad que constituyen las góndolas, los resultados aún no se ven. La gente es escéptica y no carece, al parecer, de razones que sustenten su desconfianza.
Los argumentos que bajan del oficialismo insisten en que los últimos acuerdos firmados son distintos de los anteriores, que desembocaron en un rotundo fracaso. Lo cierto es que la diferencia resulta concreta: los últimos documentos se firmaron de manera individual con las empresas y fijando valores de referencia para los productos. De este modo, resultará sin dudas mucho más difícil romper con los compromisos asumidos.
Pero fue el diputado rosarino Agustín Rossi quien definió con mayor exactitud los méritos y defectos del sistema: «No se trata de la solución definitiva» del problema inflacionario -dijo-, que «es producto de que la oferta de bienes y servicios que tiene el país no alcanza para satisfacer la demanda». En síntesis: sólo la inversión resolverá el problema.