Solá invertirá fondos ociosos en el mercado

El gobierno favorecerá con este dinero la realización de las siguientes inversiones: adquisición, venta y alquiler de títulos públicos nacionales y provinciales y letras, notas o certificados de participación del BCRA; depósitos a plazo fijo y en cuenta corriente; cuotas partes de fondos comunes de inversión autorizados por la Comisión Nacional de Valores; y otras operaciones con similares características e igual nivel de riesgo.

«Se estima conveniente que, en tanto existan recursos provinciales en depósitos oficiales en el Banco Provincia que no sean utilizados y que razonablemente pueda estimarse que no serán utilizados por un determinado período, se puedan disponer inversiones de bajo riesgo y, en todos los casos, con o por intermedio de la citada entidad financiera, a fin de generar recursos adicionales para el fisco provincial». Así explica la avanzada bursátil el decreto que firmó Solá el miércoles, y fue reproducido ayer por el diario «Hoy».

Si bien la firma de este decreto se repite cada año en la provincia, existe esta vez alguna expectativa mayor, teniendo en cuenta que la administración Solá esta obligada en 2007 a «sacar aceite de las piedras» para levantar el déficit financiero de $ 1600 millones que la acecha, según los cálculos del propio Presupuesto que acaba de promulgarse.

El techo para estas inversiones bonaerenses podría ser 5,7% anual que el Banco Central obtiene a partir de las que realiza con las reservas internacionales.

«La provincia puede llegar a tener ociosos unos $ 500 millones o $ 700 millones. Invertirlos a corto plazo generaría ingresos que hasta ahora no se estaban aprovechando», razonó ayer una fuente del Ejecutivo.

El Banco Provincia es el agente financiero del Estado bonaerense. El pago de sueldos y jubilaciones, las liquidaciones a proveedores y contratistas, el cobro de impuestos y las operaciones cambiarias, se realizan a través de esta entidad oficial. Cada dependencia del Estado tiene su propia cuenta y cobra o paga a través de ese canal, pero para facilitar el control del dinero y para maximizar el rendimiento de los fondos disponibles, el gobierno dispone de un saldo único de cuentas oficiales, que utiliza para cubrir sus necesidades en diferentes áreas.

Según la normativa vigente, 20% del saldo único debe quedar inmovilizado, pero el otro 80% es de libre disponibilidad por parte del gobierno. Si la Tesorería utiliza ese dinero, la normativa oficial obliga a devolverlo en un plazo de 30 días, es por esto que se optará por operaciones de corto plazo.