La Ley 13.405 publicada en el Boletín Oficial de ayer, pero que recién podría ser puesta en práctica a fines de mes, modificó el Código Fiscal y otorgó amplios poderes a la Dirección Provincial de Rentas, conducida por el subsecretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, para cobrar a los deudores de impuestos provinciales.
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Las nuevas facultades permitirán embargar bienes de deudores de impuestos antes de iniciarse el juicio de apremio, es decir, sin requerir la previa autorización judicial. Además habilita a «detener e inspeccionar vehículos y proceder a su secuestro cuando la deuda sea superior a 10% de la valuación del auto o adeude 30% o más de las cuotas vencidas», siempre y cuando el valor del vehículo supere los $ 35 mil pesos. Rentas podrá también exigir garantías para el otorgamiento de planes de regularización de pagos, tales como seguros de caución, hipotecas o prendas y las agencias de viajes, inmobiliarias, empresas de transporte, compañías de seguro y entidades financieras se convierten en agentes de recaudación y de información al fisco.
Además, los municipios deberán exigir la inexistencia de deudas del impuesto inmobiliario como condición previa a la aprobación de planos de obra y las plantas de Verificación Técnica Vehicular deberán informar la situación impositiva de los vehículos verificados.
Por su parte, también fue promulgada la nueva Ley Impositiva que prevé aumentos de hasta 120% -80% en promedio- en el inmobiliario rural y de 10% en el de patentes de automotores. Según las estimaciones del gobierno, por ese impuesto esperan recaudar este año un total de $ 575 millones, contra los $ 314 que ingresaron en 2005.
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