También De la Sota ya potencia lucha antievasión

c En lo que respecta a Buenos Aires, Felipe Solá lanzó en los últimos meses una andanada de medidas contra los contribuyentes deudores, algunas de corte polémico, comandadas por su secretario de Ingresos Públicos, Santiago Montoya, La recaudación provincial se mostró en alza durante 2004 y todo indica que la tendencia se mantendría en 2005. Aun así, tanto Solá como De la Sota quieren optimizar los ingresos impositivos y cobrarse millonarias deudas. En Buenos Aires, apuntan a 35 mil grandes contribuyentes, que ostentan una mora de $ 2.000 millones. En tanto que en la provincia mediterránea se maneja una cifra inferior, pero no por ello despreciable, de $ 100 millones.
 En Córdoba, hoy será un día clave en la Legislatura, ya que en el marco del tratamiento del proyecto de Presupuesto 2005 se votará el otorgamiento de «superpoderes» a los procuradores fiscales, para que puedan embargar cuentas de grandes contribuyentes sin la necesidad de una orden judicial, y sí a través de una orden del Banco Central. Un procedimiento que utiliza hoy la AFIP. Posteriormente, el Ejecutivo deberá encargarse de reglamentar el rango de lo que se considerará «grandes contribuyentes».
En este marco, otro cambio al Código Tributario que se aprobaría hoy será que los embargos no sobre la totalidad de la cuenta, sino por «el valor del tributo más los intereses y multas», quedando excluido del congelamiento las costas de los procuradores fiscales.
De la Sota ya había logrado dos meses atrás la creación por ley de la Policía Fiscal, nuevo cuerpo con mayor poder que los inspectores tradicionales que trabajará a partir de enero con un sistema de incentivos acorde a la productividad de cada efectivo. En principio, se dedicarán a controlar empresas y propietarios de grandes extensiones de tierras o importantes construcciones, que no hayan declarado mejoras.
En el caso de Buenos Aires, en tanto, el gobierno bonaerense optó por una agresiva política antievasión, con gran variedad de planes de cobro y mucha presión sobre los morosos. La última decisión que tomó Montoya desató una fuerte polémica esta semana, al conocerse que se activarían allanamientos a cajas de seguridad de grandes deudores.
Los planes de Montoya también incluyen, según informó ayer, el pedido a las empresas de telefonía celular para que informen los números de los mencionados 35 mil grandes contribuyentes morosos, para advertirles que se iniciarán acciones legales en su contra si no pagan sus deudas con el fisco (ver página 5).
Pero el nutrido lote de medidas incluye otras iniciativas, como el envío de cartas a las esposas de deudores del impuesto inmobiliario, para advertirles de la posibilidad de embargo de la propiedad. Se tentó además a contribuyentes en rojo con los llamados «planes a medida», para que diseñen un modo de pago acorde con sus posibilidades.
También se activó el plan «Tormenta de primavera»
-con inspectores recorriendo 450 manzanas del conurbano- y la tarjeta Rentas Global, plástico para concretar diversos trámites impositivos y beneficiarse con descuentos si se está al día con los impuestos.