14 de julio 2003 - 00:00
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Tras algunos casos de excesos policiales que se hicieron públicos en 1997, el gobierno provincial implementó a partir de 1999 el control de civiles sobre la Policía. Es así que cada una de las seis áreas policiales tiene como jefe máximo a una funcionario del Ministerio de Justicia y Seguridad.
De cara a las elecciones del 26 de octubre, las diferentes fuerzas partidarias tienen posturas encontradas. Mientras el gobierno radical pretende mantener el sistema actual, el PJ entiende que debe ser un policía el que dirija a las fuerzas de seguridad, en tanto que el Partido Demócrata agrega que debe ampliarse mano dura.
En este marco, el oficialismo avanza con el llamado Plan Quinquenal, que apunta a la incorporación de 1.000 policías por año, hasta legar a los 10.000 efectivos en 2007.
El gobierno de Carlos Reutemann incrementó el control sobre la justificación del patrimonio del personal jerárquico policial y la semana próxima ingresará a la Legislatura una modificación a la ley orgánica de la Policía que, entre otros puntos, dará mayor autonomía a la Dirección de Asuntos Internos, que quedará habilitada para requerir información a terceros como bancos o financieras, en el marco de la figura penal de enriquecimiento ilícito.
Por su parte, en ciudades como Santa Fe y Rosario actúan en la prevención del delito Juntas Barriales de Seguridad Comunitaria a cuyos integrantes civiles se les dictaron cursos de capacitación.
La Gendarmería reforzará los accesos a Rosario, una colaboración que ya presta desde el año pasado, que se suma a colaboración que realiza la Prefectura con los 14 mil efectivos de la Policía santafesina.
El doble crimen de La Dársena llevó a poner en el ojo de la tormenta a la Policía provincial y a analizar seriamente dar más atribuciones a una Policía judicial.
La semana pasada ingresó un proyecto en la Legislatura para crear la figura de testigo encubierto y darle más atribuciones a la parte querellante en los juicios e investigaciones.
Se está relanzando el plan Policía de Cercanía, que tiende a que haya un vigilante policial por cuadra en las principales ciudades de la provincia, como Neuquén, Cutral Co, Chos Malal, etc. Se trata de un plan de prevención, que proyecta que haya más policías y móviles en las calles.
Las políticas de seguridad del gobierno de Jorge Sobisch se completan con la intención de dar más atribuciones a las fiscalías de investigaciones. Esto se incluiría en una futura reforma constitucional, y contemplaría un endurecimiento de penas, junto a un trabaje en contención y recuperación, especialmente en temas de delincuencia juvenil.
Al reasumir como gobernador, José Manuel de la Sota, detalló este sábado qué hará su gobierno en materia de seguridad. Habrá tolerancia cero con los policías que «deshonran el uniforme», junto con medidas para mejorar la imagen de esta fuerza.
Bajo estas consignas, presentó De la Sota el proyecto de Ley de creación del Tribunal de Conducta Policial, que sustituirá a Asuntos Internos y está integrado por miembros de los tres poderes del Estado para juzgar a policías, que dejarán de juzgarse a sí mismos como ocurrió hasta ahora.
Además, se implementará una línea telefónica 0800 para denuncias contra policías y se otorgará a los denunciantes la calidad de testigos de identidad reservada.
Salta
El gobierno salteño tiene en mente una regionalización del sistema policial, que apunta a que cada departamento provincial pueda nombrar sus propios efectivos y así evitar los traslados de personal desde la capital hacia el interior salteño. El plan fue informado hace pocos días por el gobernador Juan Carlos Romero durante un recorrido que realizó por el departamento norteño de General San Martín, la zona de mayor conflictividad de la provincia. También está previsto que este año se incorporen unos 600 nuevos policías.
San Luis
Una de las últimas medidas del gobierno de Alberto Rodríguez Saá fue enviar a la Legislatura el proyecto de ley del Plan de Seguridad Comunitaria, que crea la figura de mediador comunitario y protector comunitario. El primero se dedicaría a dirimir en conflictos de convivencia, en tanto que el segundo implicará la capacitación de unos 4 mil civiles para que realicen custodias permanentes en los barrios. Se trataría de una persona por cuadra que, sin estar armada, trabajaría en conjunto con la Policía local. Por su parte, el Ejecutivo anunció que enviará otro proyecto de ley para prohibir la portación de armas de fuego en la vía pública.




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