Traspié en Diputados para reforma penal que impulsa Scioli

Un nuevo traspié sufrió ayer la reforma del Código Procesal Penal que impulsa el gobernador Daniel Scioli, al no lograr el oficialismo y los aliados reunir la cantidad de diputados necesaria para tratar sobre tablas el proyecto, que ya tiene media sanción en el Senado.

De esta manera, se dilata la iniciativa con la cual el mandatario justicialista apuesta a aplicar límites al régimen de excarcelaciones que impera en la provincia, por caso, para quienes utilicen menores en los delitos que cometen y hagan uso de armas de fuego en hechos violentos.

En la previa, los legisladores que sintonizan con Scioli se habían mostrado confiados en una conversión ayer de la iniciativa en ley sin mayores contratiempos.

Sin embargo, los números les jugaron una mala pasada, frente a las ausencias -algunas de ellas anunciadas-de cinco integrantes de la bancada oficialista y la presencia casi completa de los diputados de la oposición (dato central, ya que los dos tercios se calculan sobre los presentes).

Pese a la buena expectativa inicial, finalmente no le alcanzóentonces a Scioli la presenciaen el recinto de 51 diputados dispuestos a avalar la iniciativa -32 del oficialismo, 14 de Unión-PRO y 4 del Peronismo Federal-, ya que necesitaba de 54 votos para habilitar el tratamiento sobre tablas.

Ahora, la alquimia deberá esperar a que se concrete la próxima sesión, prevista para dentro de quince días.

En el Senado, la reforma ya logró la media sanción correspondiente, de la mano del voto de todas las bancadas, con excepción de la de la Coalición Cívica.

En paralelo, el Gobierno de Scioli acelera otra iniciativa que busca domar las protestas --huelgas de hambre incluidas-que llevan adelante en las últimas semanas decenas de presos bonaerenses en rechazo al impulso del « endurecimiento» de normas penales y procesales.
Para ello, enviará a la Legislatura un proyecto de ley que introduce cambios en la forma de calificar a los internos alojados en el Servicio Penitenciario.

La idea, según trascendió, es que los informes criminológicos del Servicio Penitenciario no sean vinculantes y que puedan ser complementados con otros medios de prueba que soliciten los jueces. Según el ministro de Justicia local, Ricardo Casal, la pretensión apunta a aplicar «una norma equivalente a la nacional, que es el tema de recompensas, en el sentido de mejorar el puntaje en calificación y beneficios» de los detenidos «a partir de su progreso en el tratamiento penitenciario».
«Lo mismo sucedió con la situación de los informes criminológicos que en su elevada proporción es negativo porque incide mucho el factor psicológico. Hemos trabajado fuertemente para que haya otros métodos alternativos, como pericias o cualquier otro ofrecido por el detenido, para suplir las falencias que tenga el informe criminológico», agregó.