Brasilia - La investigación del intento de golpe de Estado del domingo avanza velozmente en Brasil. Un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) ordenó la detención del excomandante da Policía Militar -estadual- de Brasilia, coronel Fabio Augusto Vieira, mientras que el Gobierno dijo haber identificado a los responsables del movimiento y cien empresas quedaron en la mira por su supuesto rol como financistas. En tanto, el Ministerio Público pidió el bloqueo de las cuentas de Jair Bolsonaro y de dos importantes aliados del expresidente.
Brasil acelera: un excomandante preso, financistas identificados y cuentas de Bolsonaro bloqueadas
La presión es máxima sobre el expresidente y otras figuras de la ultraderecha como el suspendido gobernador del Distrito Federal y su exjefe de Seguridad. Interrogan a mil detenidos por la devastación de los tres poderes.
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El juez del STF Alexandre de Moraes ordenó la detención de Vieira, quien el domingo estaba al mando del cuerpo que debe velar por la seguridad del DF. Aunque resultó herido en los disturbios, está acusado de haber actuado con ligereza, al punto que ya había sido destituido por Ricardo Cappelli, el interventor de la seguridad de la capital designado por Luiz Inácio Lula da Silva.
El fiscal general adjunto del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), Lucas Rocha Furtado, dispuso el bloqueo de las cuentas bancarias de Bolsonaro. La medida alcanza también a su aliado Ibaneis Rocha -gobernador del Distrito Federal suspendido por el Supremo- y al removido exjefe de seguridad brasiliense Anderson Torres.
La vivienda de este último, quien había sido anteriormente ministro de Bolsonaro, fue allanada por efectivos de la Policía Federal, quienes contaban con un pedido de búsqueda captura.
Ni bien se produjo el movimiento extremista, Torres viajó a Estados Unidos y anoche se desconocía su paradero.
Responsables
El ministro de Justicia, Flávio Dino, responsabilizó al gobierno del Distrito Federal, indicando que la falta de planificación de las fuerzas de seguridad pública de Brasilia fue “determinante” para posibilitar el asalto a los edificios de la Presidencia, el Congreso y el Supremo.
El funcionario aseguró que ya fueron identificados los responsables de haber trasladado a Brasilia a los bolsonaristas que intentaron sembrar el caos para desencadenar un golpe militar, a la vez que añadió que “se puede afirmar plenamente que sí hubo financiamiento”.
“Todavía no es posible distinguir claramente las responsabilidades en cuanto a la financiación. Lo que se puede afirmar plenamente es que hubo financiación. Todas estas personas serán llamadas a declarar porque los buses fueron contratados y no destinaron a excursiones turísticas”, agregó.
En ese sentido, la Abogacía General de la Unión (AGU) anunció haber identificado a más de 100 empresas sospechosas de haber financiado las manifestaciones golpistas.
El dinero de estas entidades privadas, argumentó, “fue usado para pagar los autobuses que transportaron a los golpistas y para ayudar a los bolsonaristas radicales a acampar frente al cuartel general del Ejército para hacer los preparativos del intento de golpe de Estado”.
Las más de 100 empresas identificadas están distribuidas en varios estados brasileños, y muchas tienen su sede en Mato Grosso y Santa Catarina.
Dino añadió que muchas de las compañías sospechadas están vinculadas a intereses del sector agrícola.
Arrestados
Mientras se busca dar con los inspiradores y financistas del movimiento, también se actúa contra quienes lo perpetraron.
La policía interrogaba ayer a unos 1.000 manifestantes retenidos en un abarrotado gimnasio de la capital. El juez De Moraes, que está a cargo de la investigación a cuenta del Supremo, prometió ayer sancionar a los “terroristas” que cometieron los destrozos.
“Las instituciones castigarán a todos los responsables. A los que realizaron los actos, a quienes los financiaron y a los que los alentaron, por acción o por omisión, porque la democracia prevalecerá”, dijo durante la toma de posesión del nuevo director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues.
“Tenemos que combatir firmemente a los antidemocráticos, a los golpistas y a quienes quieren un régimen de excepción”, subrayó.
Sin embargo, resultaba complejo llevar adelante una investigación criminal tan enorme sobre un movimiento de protesta poco organizado en las primeras semanas de un nuevo Gobierno.
Aproximadamente 1.000 arrestados del campamento de protesta fueron retenidos para ser interrogados en un gimnasio de la policía, donde durmieron en el suelo, algunos envueltos en banderas brasileñas, y se quejaron de que estaban detenidos indefinidamente y mal alimentados.




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