24 de enero 2019 - 00:02

Cristinismo, de campaña: proponen tarifas de 2015

El documento involucra los servicios de gas, luz, agua y transporte. Actualizaciones trimestrales y subsidios por "la diferencia entre los costos del sistema y el precio que paguen los consumidores" a eliminarse "a medida que el salario y las jubilaciones aumenten en términos reales".

Fernanda Vallejos
Fernanda Vallejos

El kirchnerismo intentó en los últimos años frenar el gran aumento de tarifas de la gestión macrista, aunque con amnesia sobre el desastre que dejó en el área de energía tras sus últimos años de gobierno. En la previa electoral 2019, soldados de la expresidente comenzaron a deslizar propuestas: un informe de la diputada Fernanda Vallejos sugiere el regreso de los precios del gas, luz, agua y transporte a 2015, con actualizaciones trimestrales y subsidios por “la diferencia entre los costos del sistema y el precio que paguen los consumidores”, que se eliminarán “a medida que el salario y las jubilaciones aumenten en términos reales”.

Vallejos, una de las economistas de referencia del ultrakirchnerismo y quien acompañó en la boleta a la expresidente en las elecciones de 2017 -como primera candidata a diputada en Buenos Aires- señala que “el Gobierno de Cambiemos instrumentó un modelo rentista para su política de financiamiento y tarifas que implica tarifas altas, tasas de interés altas y salarios bajos, lo que condujo a un mercado interno declinante y en crisis, junto con la merma en la competitividad internacional por el elevado costo energético”.

Según lo presentado en el documento, el modelo “es nocivo para la producción y el trabajo por doble vía: reduce la posición exportadora y de competencia de los productores contra los importados, mientras tampoco garantiza un mercado interno para compensar las dificultades de los mercados externos”. Además, se destaca que “los problemas de competitividad se pretenden resolver con devaluaciones de corto plazo que sólo aceleran la inflación, sin un efecto positivo sobre el patrón productivo de largo plazo”.

Para el caso de los usuarios residenciales, la presentación de la diputada ultra K sostiene que “el gasto en tarifas en el Área Metropolitana de Buenos Aries pasó de 3,18% del salario en 2015 a un 15,23% (13% sin transporte) en 2018, superando la barrera del 10% que indica que el hogar se encuentra en situación de pobreza energética”, y que “los trabajadores en condiciones de mayor precariedad que tienen ingresos equivalentes al salario mínimo vital y móvil pasaron de gastar el 6,73% de su salario en tarifas, en 2015, a un 36,39% en 2018”.

Un “dilema” que marca el informe es “el precio en boca de pozo que el Gobierno garantiza a los productores, de alrededor de u$s4 el millón de BTU -con un crecimiento pactado hasta los u$s7 el millón de BTU-, cuando la propia Secretaría de Energía reconoce que el costo en boca de pozo de Vaca Muerta se encuentra entre los u$s2 y u$s3 el millón de BTU”.

Por otra parte, se explica que “si bien Cammesa subsidia la distribución de energía eléctrica, las distribuidoras son cooperativas locales, o en su mayoría empresas provinciales, que utilizan el Valor Agregado en Distribución (VAD, el sobreprecio respecto del valor del transporte)”, por lo que “la diferencia en las facturas de electricidad entre regiones puede ser de 1000%”.

Sobre las tarifas de gas en boca de pozo, se sugiere u$s2,5 el millón de BTU “y actualizar a partir de un indicador de costos de producción del sector”. En esa línea, el documento aclara: “De esa manera no se desestimula la producción porque cubre los costos del gas y, al mismo tiempo, se reduce el costo del sistema gasífero y eléctrico”.

Con respecto a los valores de gas, luz, agua y transporte, y tras el regreso de las tarifas a 2015, se impone una actualización “por un indicador trimestral que equipondere la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) y el Índice de Movilidad Previsional”. También aparece “una tarifa social para quienes se encuentren por debajo de la línea de pobreza energética -es decir, que las tarifas de luz, gas y agua no superen el 10% del ingreso familiar- consistente en subsidiar el costo fijo, y dos módulos completos de consumo energético”.

Entre las conclusiones se pide “volver a regular a nivel nacional la distribución eléctrica para limitar los abusos en las tarifas por parte de empresas provinciales, locales o cooperativas, y armonizar el Valor Agregado en Distribución a lo largo del país”. Además, se menciona el “benecio especial” a “tarifas domiciliarias y empresariales de luz y gas deberán por radicación en áreas especiales como la Patagonia o el Noroeste y Noreste argentino, para privilegiar la federalización de la actividad económica y la población”.

Por último, el informe empuja un rediseño de “tarifas a las empresas en base a los costos finales de producción de gas y energía con el nuevo precio en boca de pozo”, de acuerdo al “tamaño de empresa y decreciente en intensidad energética -entendida como el consumo conjunto de gas y luz- para mejorar la competitividad” de las pymes.

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