El tribunal penal de Barcelona encontró culpables a la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario, de 52 años, a su ex marido Josep Santacana y a otras tres personas por fraude fiscal, con el objetivo de eludir el pago de una deuda de 7,6 millones de euros a Banque de Luxembourg, incluidos los intereses.
Condenan a prisión a leyenda del tenis femenino español por fraude
Arantxa Sánchez Vicario recibió dos años de cárcel no efectiva por una deuda de € 7,6 millones al Banque de Luxembourg. En 2009 había sido sentenciada por un caso similar.
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Arantxa Sánchez Vicario ya había condenada por fraude en 2009.
La sentencia establece que Sánchez Vicario no cumplirá la pena de prisión siempre que no cometa ningún otro delito en el plazo de dos años.
Santacana, quien se divorció de Sánchez Vicario en 2019, recibió una condena de tres años y tres meses de cárcel. Ambos acusados negaron las imputaciones durante el proceso.
Sánchez Vicario atribuyó la responsabilidad a Santacana, argumentando que él manejaba sus finanzas y que ella no estaba al tanto de ninguna manipulación ilegal de sus bienes familiares.
El tribunal también dictaminó que ambos deberán indemnizar con 6,6 millones de euros a Banque de Luxembourg y abonar multas cuyos montos no fueron especificados.
Sánchez Vicario había declarado en septiembre que ya había abonado al banco aproximadamente 1,9 millones de euros y se había comprometido a destinar la mitad de sus ingresos futuros para cubrir el resto de la deuda pendiente.
El tribunal sostuvo que, aunque la ex tenista carecía de conocimientos financieros para realizar las operaciones, tenía pleno conocimiento de las acciones relacionadas con su patrimonio y se beneficiaba de ellas, siendo consciente de la deuda que mantenía con Banque de Luxembourg.
Sánchez Vicario fue la primera tenista española en alcanzar la cima del ranking del tenis femenino, con tres títulos individuales en Roland Garros y uno en el US Open, al tiempo que se retiró en 2002.
Este caso surge a raíz de su condena en 2009 por el Tribunal Supremo, que la obligó a pagar una multa de 5,2 millones de euros por fraude fiscal durante el periodo 1989-2003, cuando residía en España y no en Andorra, como había declarado.
Después de que la pareja transfiriera sus activos del Banque de Luxembourg, el Estado español recuperó el dinero a través de un acuerdo de aval.
El banco alegó que la pareja no había saldado su deuda y había ocultado sus bienes, lo que llevó a una demanda civil en 2014.
Aunque un tribunal español falló a favor del banco, el dinero nunca fue abonado, llevando finalmente el caso a los tribunales penales.
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