La violencia del fin de semana

Un muerto y un herido grave el sábado (San Lorenzo-Vélez); ayer quemaron autos, hubo cuchilladas, más heridos y 183 detenidos en una gresca de Boca Juniors. Aníbal Fernández dice que la violencia no es del fútbol.

Javier Castrilli

Otro muerto más y la pelota sigue rodando. Ya son 249 las muertes y salvo en contadas situaciones nunca fueron esclarecidas. En este caso, el de Emanuel Alvarez, de 21 años y simpatizante de Vélez, las hipótesis son muchas. El joven iba en uno de los micros fletados por el club con medio cuerpo afuera de la ventanilla gritando y cantando cuando le pegaron un balazo calibre 22 que fue directo a su corazón; eso es lo único que se sabe con seguridad. Después, las versiones sobre las circunstancias de su muerte son varias: que le tiraron desde dentro de «La Quemita», el predio de Huracán; que pasó un auto blanco con gente con la camiseta de San Lorenzo que disparó a quemarropa; que los tiros partieron de los pastizales de enfrente a «La Quemita» o que dispararon desde una parrilla donde se juntan los hinchas de San Lorenzo.

Cualquiera de las versiones puede ser cierta, porque la Policía que acompañaba a los micros y cobraba adicional por ello no vio nada. Tampoco los que iban en el mismo micro que el fallecido, tanto que los amigos de Emanuel no se explicaban lo que había pasado.

Lo cierto es que este nuevo asesinato sacó a relucir todas las miserias humanas y varios empezaron a jugar al juego de Poncio Pilatos. Lo más insólito fue la declaración del comisario Guillermo Benedicto, de la Seccional 34: «El operativo no falló. Fue perfecto. El hecho se produjo fuera de nuestra jurisdicción». Y uno que pensaba que la Policía Federal tenía jurisdicción en toda la Ciudad de Buenos Aires y era un cuerpo orgánico, pero no, parece que no es así y cada comisario cuida su quinta.

También desde el Congreso apareció la voz de la diputada del ARI, Delia Bisutti, que pidió la suspensión de la fecha y solicitará hoy un pedido de informes sobre las medidas adoptadas desde el Estado para garantizar el traslado de los hinchas de Vélez.

En tanto, el gobierno nacional salió a ofrecer $ 100.000 de recompensa a quien brinde datos del asesino.

El director de medios de la AFA, Ernesto Cherquis Bialo, por su parte, deslindó las responsabilidades de la casa rectora del fútbol y avisó que el circo continúa: «La AFA lamenta profundamente lo sucedido, pero no suspende la fecha porque no hay elementos que permitan esclarecer el asesinato». Es más, el partido entre San Lorenzo y Vélez se iba a jugar si no lo detienen los hinchas del equipo de Liniers rompiendo un alambrado.

Es más, los dirigentes estaban preocupados porque tenían miedo de que les descuenten puntos por los incidentes, aunque un vocero de Javier Castrilli los tranquilizó sobre que no serían sancionados.

Justamente, la voz de Castrilli, el responsable de la seguridad en el fútbol a nivel nacional, fue la única voz que no se escuchó. El ex árbitro se llamó a silencio y cerró sus teléfonos celulares para no responder nada que tenga que ver con los incidentes, y no sería raro que se «guarde» para brindar la exclusiva este mediodía en el programa que lo tiene contratado en el cable del monopolio «Clarín».

Castrilli había pedido licencia a su cargo en los últimos meses de la gestión de Kirchner para presentarse como candidato a intendente de Almirante Brown y salió último. Se especuló con que no iba a volver a su cargo y hasta se nombró al responsable de seguridad de la Secretaría de Deportes, Juan Carlos Blanco, como su reemplazante. Finalmente, fue confirmado en su cargo un mes después de asumir Cristina Fernández de Kirchner.

Lo extraño de este país es que en lugar de elegir expertos en seguridad o sociólogos para manejar un tema tan delicado como la violencia en el fútbol se elige a ex árbitros de fútbol, porque tanto Castrilli como su potencial reemplazante, Blanco, y quien fuera encargado de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, Mario Gallina, tienen como antecedente saber sacar la tarjeta amarilla o la roja, pero ningún master en seguridad en el deporte, más allá de lo que aprendieron en viajes al exterior pagados por el Estado. De Gallina se puede decir que era subcomisario, pero de oficina, ya que trabajaba en la oficina de personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se jactaba de «nunca haber tirado un tiro».

Así las cosas, es muy difícil que se empiece a resolver un problema tan complejo como la violencia en el fútbol, ya que hay desde temas culturales (los barras bravas se sienten los protagonistas de la fiesta del fútbol y muchos pacíficos piensan igual que ellos; además, en muchos casos tienen el apoyo logístico de los dirigentes, que los utilizan para seguir en el poder), pasando por económicos (la Policía recauda más de 6 millones de dólares anuales por seguridad adicional en el fútbol) y de decisión política (en muchos actos políticos y gremiales se ve a los barras bravas como grupo de choque bien cerca del escenario).

Por eso al fútbol le quedan dos caminos: seguir conviviendo con la violencia como hasta ahora y protestar una semana cuando hay un muerto o 24 horas cuando el hecho de violencia no genera víctimas fatales o hacer un programa serio de seguridad con gente idónea en cada una de las áreas, tanto estatales como policiales, y de la AFA.

El plan que presentó la Universidad Tecnológica (empadronar a todos aquellos que quieran comprar una entrada de fútbol e ingresar con las huellas digitales al estadio) parece invasivo y en contra de las libertades individuales. Pero es un principio para impedir que los violentos entren. Después también tienen que dar confort y servicios (todos sentados y sanitarios en buen estado) porque aquellos que son tratados como seres humanos responden como seres humanos, mientras los que son tratados como bestias (como ocurre ahora) reaccionan como bestias.

El problema es complejo, sobre todo si no hay voluntad para solucionarlo.