Nueva Ley de Quiebras copiará a los EE.UU.

El gobierno cree que en la semana chica que comienza le puede cambiar la suerte. Confía, por caso, en que mañana la Corte Suprema lance una señal amistosa en la audiencia convocada para resolver el reclamo de la provincia de San Luis de las reservas que tiene en el «corralito» bancario.

También que mañana los gobernadores en la cumbre del CFI salgan convencidos de que son el punto débil del programa que negocia con el FMI (ver nota en pág. 6).

Con estos dos resultados a favor cree además que puede modificar el odioso clima de opinión que nadie en el vértice del poder que late en Olivos dice entender. Tanto que Eduardo Duhalde bajó el sábado riéndose del valor del dólar. «No les puedo dejar el país dos días que me llevás el dólar a 3 pesos», bromeó ante el grupo de funcionarios que lo esperaban.

Apenas llegó, en Olivos dio una ronda entre íntimos con relatos inmejorables sobre su viaje a México.

«Nos fue fantástico, hablé mano a mano con Bush, el 20 de abril estamos cerrando con el FMI, y el viaje a los EE.UU. es inmediato.» Preguntó, extrañado, por qué había tanta mala onda en el público, pero nadie supo darle una explicación solvente sobre algo que aterroriza a un gobierno convencido de que en la Argentina, desde De la Rúa, nadie tiene un termómetro cierto para medir la bronca de la gente ante la crisis.

• Cumplimiento

«¿Qué quieren de allá?», le preguntó el piño de funcionarios y legisladores que tuvieron el primer relato ( Eduardo Camaño, Juan Carlos Maqueda, Jorge Yoma, Jorge Remes Lenicov, Jorge Capitanich, Chiche González). «Que cumplamos lo que hemos prometido, lo que hemos firmado. Por ejemplo, el acuerdo con los gobernadores, ellos dudan todavía de que lo hagamos cumplir.» ¿Qué más quieren? Duhalde: «Que salgan las leyes que pidió el indio al irse, de quiebras y subversión económica».

Apartó a Camaño y a Jorge Yoma, y delante de Maqueda les rogó que esas dos leyes tienen que salir de inmediato porque en realidad es lo único nuevo que les pide el FMI y los Estados Unidos, con estos argumentos:

Ley de Quiebras. El FMI no quiere ni una modificación de la actual ni que se vuelva a la anterior a la reforma pro deudores que se votó en enero pasado bajo la cobertura de la llamada «ley Clarín». Quieren una ley totalmente nueva que adapte el sistema argentino al de los Estados Unidos. Eso significa que se le dé un poder más amplio a los acreedores y al juez para liquidar el conflicto cuanto antes y abra la facultad a los acreedores de quedarse con la empresa si la consideran viable, pero mal administrada. Eso estaba de mane-ra imperfecta, según el organismo internacional, ya en la reforma de Domingo Cavallo con el instituto del «cram down» que permite esa captura por los acreedores, pero que quedó derogada en la «ley Clarín».

El proyecto, se escuchó en Olivos, lo preparará un estudio de abogados que auditará para el FMI el borrador que ya tiene preparado Jorge Matzkin, uno de los promotores de la «ley Clarín» y a quien se lo vigilará para que redacte un proyecto como quieren en Washington. El esfuerzo, le explicaron a Duhalde, es homogeneizar a la Argentina con los estándares internacionales, algo que hizo la Argentina antes y que es lo que hacen los países modernizados para facilitar las inversiones.

La dificultad, explicaron los legisladores presentes, es adaptar sistemas nacidos para empresas públicas que cotizan en Bolsa a una cultura empresarial como la argentina, país de empresas en su mayoría familiares, muchas sin cotización en Bolsa y donde la administración está fusionada con la propiedad. Ese proyecto lo trabajarán también los abogados que acaba de contratar Remes Lenicov para que le abran puertas en Washington (Baker & Donelson).

La derogación de la figura de la subversión económica la cree el gobierno más problemá-tica porque lo enfrentará a Duhalde con las diatribas de Elisa Carrió. Si el Congreso vota la derogación o la atenuación de ese delito, la enérgica Carrió se quejará de que caerán causas como la que mantiene detenido al banquero Carlos Rohm. Ya antes con el mismo ánimo hizo abortar un proyecto similar de la era Menem que buscaba evitar que el juez de Mendoza Luis Leiva siguiera deteniendo a funcionarios peronistas del ex banco de Mendoza. Esa norma, como recordó este diario, fue votada bajo el gobierno peronista de 1974 y la había pedido antes de morir Juan Perón para reprimir a montoneros y agiotistas. La descabezó el Congreso en la era Alfonsín eliminando los primeros artículos referidos a la actividad política. El ex presidente Menem descartó también una derogación bajo su gobierno con un argumento de estadista: es una herramienta política y una herramienta política nunca se entrega, se les atribuye como lección a sus legisladores.