A seis meses de sancionada, aún no rige la ley PyME

La ley de fomento a las PyMEs, que vendría a ser la principal medida que hasta el momento impulsó el actual gobierno para estas empresas, se aprobó. Pero, curiosamente, después de seis meses desde que salió del Congreso todavía no está reglamentada. Y lo que es más sorprendente todavía, parece que nadie sabe precisar en dónde está trabada. Llama la atención este hecho, sobre todo cuando en cada conferencia de prensa, tanto el presidente Fernando de la Rúa como el ministro de Economía, José Luis Machinea, se jactan de que este gobierno apoya a las PyMEs, y como principal medida mencionan la ley que ciertamente se aprobó, pero mientras no esté reglamentada, no puede ponerse en práctica.

Desde la secretaría PyME prefirieron no hacer declaraciones ayer ante la consulta de este diario. Tampoco desde la Jefatura de Gabinete supieron precisar el estado de avance en la reglamentación de la ley. Pero una fuente del gobierno se mostró preocupada por la demora y señaló que «resulta incomprensible que después de tanto tiempo no haya salido la reglamentación y nadie esté al tanto de su estado».

Según pudo saber Ambito Financiero, hay cuatro reglamentaciones a la ley. Una de ellas estaría en la secretaría PyME, mientras que no está muy claro dónde quedaron las otras dos. En la SEPyME estarían preparando la reglamentación del Fogapyme, que es un fondo constituido por $ 100 millones que actuará como una sociedad de garantía recíproca (SGR) de segundo piso, reasegurando los avales que dan las SGR. También estarían trabajando en la modificación de la legislación actual de funcionamiento de las SGR que permitirá la creación de fondos específicos para actuar juntamente con las SGR. Esta reglamentación es de suma importancia para que puedan funcionar los fondos fiduciarios que darán crédito a las PyMEs que cuenten con avales de SGR, tal como lo anunciaron De la Rúa, Machinea y el actual secretario PyME, Enrique Martínez, el miércoles de la semana pasada.

Desde las cámaras empresarias y entidades de apoyo a las PyMEs se manifestaban ayer sorprendidos por el destino de una ley que requirió casi un año de dedicación del actual gobierno, y sobre la cual se habla como si estuviera en funcionamiento pero no lo está. «Las expectativas nuestras son que esta ley se reglamente de una vez y que por fin esté funcionando», decía ayer el presidente de Garantizar, César Tortorella, que si bien no está conforme con su contenido, «es lo poco que tenemos, y suma».

La historia de la ley PyME comenzó apenas asumió el gobierno de Fernando de la Rúa. Con el economista Guillermo Rozenwurcel a cargo de la SEPyME, en dos meses se elaboró el plan de apoyo al sector. Con más críticas que halagos, a fines de febrero el proyecto de ley fue enviado al Congreso, donde sufrió varias modificaciones. Finalmente, los primeros días de setiembre el plan fue aprobado como ley pero los sucesivos cambios de secretarios en el área PyME (a Rozenwurcel lo sucedió el actual director del Banco Nación, Guillermo Busso, que luego fue reemplazado por Martínez) y la lentitud con la cual se trabaja en la reglamentación están retrasando su puesta en práctica. «Este gobierno es exageradamente lento para reglamentar las leyes», manifestaba ayer a este diario una fuente del Congreso de la Nación.

«Resulta una ironía que el Presidente diga que pondrá al país de pie a través del apoyo a las PyMEs, cuando hace más de un año que estamos esperando la ley», decía por su parte un dirigente PyME.

Los puntos principales que contiene la actual ley son: se crea el Fondo de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fonapyme), con un capital de $ 100 millones. A través de este fondo el Estado va a compartir los riesgos de los nuevos emprendimientos con los empresarios. Otro instrumento es el Fondo de Garantía (Fogapyme) cuya finalidad es promover el desarrollo de las sociedades de garantías recíprocas.

Asimismo, quedó establecido que las PyMEs que intervengan en una licitación tendrán la oportunidad de igualar el mejor precio, siempre y cuando la diferencia no exceda 5% de lo que cotizó la empresa grande. La ley también fija multas: mínima ($ 10) y máxima (hasta $ 5.000), por cheques rechazados por motivos formales y para el caso de cheque sin fondos la penalidad mínima es de $ 50 y la máxima de $ 10.000. Asimismo, se permite tomar como crédito fiscal hasta 8% de la suma total de sueldos, salarios y remuneraciones por gastos de capacitación y se crea una red de agencias regionales mixtas (públicas y privadas) con participación de la secretaría PyME, municipios, gobierno provincial y los propios empresarios privados para brindar asistencia técnica.

Evidentemente, ninguna de estas medidas resuelve el problema de las PyMEs, pero su puesta en práctica al menos demostraría que el apoyo a las Py-MEs del cual tanto habla el gobierno, va más allá de los discursos.