El miércoles de la semana pasada, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, convocó al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, a un cónclave con las prepagas. Allí se destrabó el conflicto y la promesa de Moreno de solucionarlo.
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Un día después se cerraba la paritaria entre Sanidad y los prestadores acordando un aumento salarial de 19% a partir de enero más una suma fija por única vez de $ 300 pagadera en tres cuotas ( diciembre, enero y febrero). A cambio, los prestadores obtuvieron que el incremento salarial de 19% tendrá carácter no remunerativo para el pago de las contribuciones patronales por los próximos once meses, con la excepción del aporte a la obra social. Esto último fue homologado por el Ministerio de Trabajo, lo que le da validez frente a cualquier reclamo de la AFIP.
Ahora las clínicas, sanatorios y demás prestadores, que acordaron con las obras sociales nacionales un reajuste de los aranceles de 20% a partir de enero (el PAMI reconocerá un ajuste del orden de $ 4 que absorbe el aumento salarial) esperan que las prepagas cumplan y convaliden un incremento de igual magnitud; sobre todo luego de que ayer trascendió que se pactó un aumento moderado de las cuotas (6%) de los planes de las prepagas pero con el pago de abonos adicionales por consultas y estudios.
Cabe señalar que los prestadores estaban negociando un aumento de 25% en los aranceles a las prepagas. La dilación del cierre de la paritaria de Sanidad fue lo que forzó no sólo el encuentro de Tomada y Moreno con las prepagas sino el arribo a un acuerdo con el gobierno.
