La Justicia suspendió la medida cautelar sobre los vencimientos de Bienes Personales y Ganancias

Economía

La AFIP había apelado el fallo de la semana pasada que ordenaba la prórroga hasta el 12 de julio.

La relación entre la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y los contadores públicos a nivel nacional atraviesa indudablemente uno de los peores momentos desde el inicio de la actual gestión. Cuando el conflicto por los vencimientos del Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales empezaba a nacionalizarse, la Justicia le concedió al organismo una apelación por el cual ratificó las fechas originales.

De ese modo, la dependencia a cargo de Mercedes Marcó del Pont logró revertir una cautelar que había interpuesto la semana pasada el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y otra similar que presentó este lunes el Consejo de Salta ante el Juzgado Federal de esa provincia, en los cuales se reclamaba que el vencimiento para el pago de los tributos pasara al 12 de julio.

La fecha original fijada por AFIP había sido a partir del 13 de junio, pero lo postergó para entre los días 23 y 27 pasados. Como los contadores consideraron que no era suficiente iniciaron la demanda. Hasta el momento, solo los profesionales de Capital Federal y los de Salta estaban alcanzados por una cautelar que suspendía los plazos.

La AFIP trató de recusar al juez subrogante Diego Martín Cormik. Ese pedido cayó en el juzgado 3 a cargo de Santiago Carrillo, pero fue rechazado. De modo que el trámite sigue en el juzado Contencioso Administrativo Federal 12, cuya titular Macarena Marra Giménez está de licencia. El organismo apeló la suspensión ordenada por la magistrada.

Cormik le otorgó a la AFIP el pedido con caracter suspensivo, lo que implica que restituyó la vigencia de los vencimientos originales. Eso no impide que el reclamo de los contadores respecto del plazo que concede el organismo para liquidar los impuestos desde el momento en que pone en funcionamiento los aplicativos en su página web continúe por otra vía. Pero de este modo, la AFIP evita que sus resoluciones vinculados con plazos sean fácilmente cuestionables.

Fuentes del Consejo Profesional de CABA dijeron que esa entidad va cuestionar el recurso presentado por AFIP por un detalle técnico. Consideran que fue presentado fuera de tiempo.

La relación de la titular del organismo recaudador con los profesionales no ha sido la mejor desde que está en el cargo. Hay alguna desconfianza. El pasado 23 de septiembre, en el Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas, Mercedes Marcó del Pont levantó una fuerte polémica al acusar a un sector de los contadores de “facilitar la elusión y evasión”. Eran momentos en los que se discutía sobre la mudanza fiscal hacia Uruguay por parte de varios empresarios y había varios estudios importantes asesorando en la tarea.

“No hay diálogo con el organismo, no hay escucha ni empatía con lo que está pasado. Plantea que queremos perjudicar la recaudaciòn”, dijo Gabriela Russo, la presidenta del Consejo de Capital Federal. Por caso, señala que la titular de la AFIP recibió presencialmente solo una vez a los representantes de los contadores de CABA y también hubo solo un contacto con los Consejos del país por videoconferencia.

Además de ello, un total de 17 consejos profesionales provinciales se adhirieron al reclamo presentado por el de la Ciudad de Buenos Aires la semana pasada. Son los de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán. Hasta el momento no se han adherido los Consejos Profesionales de Chubut, Corrientes, La Rioja, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

En tanto, AFIP actualizó los importes mínimos para el ingreso de los anticipos del impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales. Para Bienes Personales el nuevo monto es de $5000 (antes era de $1000) y para Ganancias pasa a ser de $5000, para el caso de personas humanas y sucesiones indivisas, y de $2500 para personas jurídicas (antes eran $1000 y $500).

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