Buena parte del gabinete de la Alianza será indagado por la Justicia por presunta responsabilidad en la pérdida patrimonial que sufrieron los fondos administrados por las AFJP. La jueza Servini de Cubría investiga si el gobierno de la coalición obligó a las AFJP a comprar «compulsivamente» bonos del Estado que hoy están en default.
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Fernando de la Rúa, Domingo Cavallo y once ex ministros del gabinete de la Alianza deberán acudir a los Tribunales de Comodoro Py, cuando termine la feria judicial. Todos suscribieron la resolución que supuestamente obligó a las administradoras a que adquirieran esos bonos.
Este es el punto central sobre el cual la jueza pretende echar luz. Los fiscales Jorge Di Lello y Jorge Pollicita están convencidos de que esa operación fue «compulsiva», porque excedió el porcentaje de títulos que pueden tener las administradoras y, además, porque el gobierno hizo uso de decretos para lograr conseguir financiamiento.
• Curiosa operación
El gran escándalo recayó en la Justicia cuando Economía decidió incluir en la negociación de la deuda pública a las AFJP e impuso su fórmula de aplicar una quita de 75% en el valor nominal de los títulos de la deuda. Esto implicaría una pérdida de ente 35% y 40% de los fondos pertenecientes a los más de 9 millones de afiliados que tiene actualmente el sistema de jubilación privada.
Precisamente, hoy, a excepción de la AFJP estatal, las administradores mantienen un pleito con el Estado en los juzgados de primera instancia para que se les respete el contrato que dio origen a los préstamos garantizados en dólares que el gobierno pesificó (17 mil millones de dólares). Es uno de los mayores juicios que hoy enfrenta el Estado nacional. Ahora, bajo la imputación de los delitos de «violación de los deberes de funcionario público» y «encubrimiento», el dúo de fiscales pretende determinar si De la Rúa, Cavallo y el resto de los ministros cometieron un ilícito por haber dictado y firmado las normas que obligaron a las AFJP a comprar Letras del Tesoro (LETES) que incidieron en las pérdidas de las AFJP.
En esa curiosa operación económica las administradoras debieron comprar las LETES a partir de la Resolución 807/01 dicta-da el 5 de diciembre de 2001. En esa norma, se dispuso que el producido de los depósitos a plazo fijo cuyos titulares fueran los fondos de jubilaciones y pensiones debía destinarse a la suscripción de Letras del Tesoro en pesos o en dólares. La denuncia también apunta contra quienes presidieron la Superintendencia de las AFJP y la Superintendencia de Seguros, así como hacia las propias administradoras, pero la jueza Servini de Cubría aún no resolvió hacer citaciones en ese sentido.
De acuerdo con el cronograma fijado por Servini de Cubría, el primero en comparecer (el 10 de febrero) será el ex ministro de Salud Héctor Lombardo, mientras que dos días después hará lo mismo ex ministro de Turismo Hernán Lombardi. Luego lo hará Cavallo y recién el 18 de marzo será el turno del ex presidente De la Rúa.
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