Aguas Argentinas: temor a juicio traba ejecutar aval

Preocupa mucho al gobierno hoy la estrategia que se aplicará con Aguas Argentinas porque los accionistas, encabezados por la francesa Suez, están demandando al Estado nacional por 1.700 millones de dólares, y se quiere evitar el costo de perder ese juicio. Hay, además, créditos con organismos multilaterales que no son fáciles de renegociar. Por eso se traban por el momento los pasos previsibles en estas situaciones, como la ejecución de las garantías del contrato, que suman $ 145 millones. El gobierno podría tomar esa medida porque la compañía local adeuda multas por más de $ 30 millones y se niega a pagarlas.

Edificio del Correo Estatal

El gobierno estudia la respuesta que dará a Aguas Argentinas después de que la empresa notificó el lunes a las autoridades la decisión de dar por terminado el contrato de concesión en los términos de la cláusula 14.9.5, en la que se contempla la rescisión por culpa del concedente (el Estado nacional).

La respuesta y la estrategia que seguirá el gobierno están siendo analizadas por un equipo que encabezan el ministro de Planificación, Julio De Vido, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el secretario legal de la Presidencia, Carlos Zanini. Trascendió que se estudian detenidamente los pasos a seguir por la magnitud de la demanda que los accionistas encabezados por el grupo francés Suez tienen presentada en el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial: 1.700 millones de dólares.

Por otra parte, algunos expertos en cuestiones legales afirman que si el Estado decidiera rescindir el contrato por culpa del concesionario podrían surgir problemas con los acreedores de Aguas Argentinas, porque si se cae la concesión, la sociedad se quedaría sin actividad ni objeto, o, dicho de otra forma, entraría virtualmente en quiebra por culpa del Estado.

La nota de Aguas Argentinas ingresó en la tarde del lunes a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, con una copia para el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS). En la misma, la empresa concesionaria no precisaría la fecha de su retiro ni tampoco oficializaría la intención de negociar con el gobierno cuándo se iría, aunque la misma fue informada en forma extraoficial por voceros de la compañía luego de la asamblea de accionistas.

Al no dar precisión sobre la fecha y al mismo tiempo considerarterminado el contrato en los términos de la cláusula 14.9.5 del contrato, la empresa estaría planteando formalmente que se va a retirar al término de 90 días, tal como prevé ese numeral.

• Rechazo

Sin embargo, en principio el Estado rechazó en agosto la posibilidad de que Aguas Argentinas utilice esa cláusula. Lo habría hecho luego de la nota del 26 de julio en la cual Aguas Argentinas se encuadra en los términos del contrato y emplaza al concedente para que en 30 días restablezca la ecuación económico financiera de la concesión.

Según algunas fuentes oficiales, el plazo de 90 días no es válido porque Aguas Argentinas no se adecuó al artículo que invocó. Según la empresa, el plazo de doce meses que menciona el contrato sólo sería aplicable al término de los 30 años de la concesión, si el contrato se hubiera cumplido normalmente y el Estado no hubiera encontrado un nuevo concesionario. Aun cuando nadie lo confirma, se presume que en los últimos días hubo contactos entre un funcionario de primera línea y Jean Bernard Lemire, el gerente general de Aguas Argentinas, a quien dentro del gobierno se le atribuye más flexibilidad que a los franceses de Suez en París. La intención sería buscar una salida en los términos más discretos que se pueda y sin que haya juicios cruzados.

Si las posiciones se endurecen, el Estado podría litigar por abandono de la concesión y la empresa consignar judicialmente los activos y retirarse del país.

Es posible que el gobierno se tome tiempo antes de dar el próximo paso, porque si no hay progresos en las tratativas, lo primero que podría hacer es ejecutar las garantías del contrato, que hoy son de unos 145 millones de pesos.