Cómo es el megapaquete de medidas que aplicará el Gobierno

Envió al Congreso el proyecto de ley que incluye, entre otros puntos, el impuesto para compras en dólares, tarifas congeladas, suba en las retenciones y bienes personales y cambios en jubilaciones.

Casa Rosada.

Imagen: Mariano Fuchila.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto denominado “Ley de Solidaridad social y reactivación productiva”, que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social (ver pág. 10 y 11).

Dentro de las reformas, que fueron explicadas ayer por el ministro de Economía Martín Guzmán, se incluyen impuestos a la compra de dólares, suba de bienes personales y retenciones, congelamiento de tarifas y bonos para jubilados, entre otros.

Dólar turista y ahorro

El proyecto busca crear un impuesto del 30% a las compras en dólares. Se aplicará tanto para las transacciones realizadas con tarjeta de crédito en moneda extranjera (es lo que había anunciado Santiago Cafiero durante el fin de semana), como para la adquisición de la divisa estadounidense para atesoramiento: esto es dentro del límite de u$s200 mensual contemplado desde la instauración del cepo hard, que seguirá vigente. Este impuesto regirá por cinco años, aunque el Gobierno tendrá la potestad de modificarlo en ese plazo. No podrá ser tomado a cuenta de otros impuestos, tal como ocurrió con Ganancias en el Gobierno de Cristina Kirchner.

Este tributo no se aplicará para los gastos referidos a prestaciones de salud, compra de medicamentos, adquisición de libros en cualquier formato y utilización de plataformas educativas. Tampoco para proyectos de investigación. La recaudación se utilizará en un 70% para financiar los programas de la Anses, y 30% para solventar obras de infraestructura económica y vivienda social.

Se prevé una suba en la alícuota del derecho a exportación para el agro. En el caso de la soja, se eleva el tope del 30% al 33%, mientras que para el maíz y el trigo pasa de 12% a 15%.

“Tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable fomentando la generación de valor agregado, planteamos iniciar un diálogo sobre las bases de las nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones”, indicó Guzmán.

Por otro lado, en el texto del proyecto se informó que “se prohíbe superar el 5% de alícuota para los productos agroindustriales de las economías regionales definidas por el Poder Ejecutivo Nacional”, aunque no se dio el detalle de cuáles serían tales producciones. Se dictamina también que “el 70% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley, será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social”.

Bienes personales

Se estipula un aumento en forma progresiva del impuesto a bienes personales. Para el primer tramo pasaría de 0,25% a 0,50%, para el segundo de 0,50% a 0,75%, para el tercero de 0,75% a 1% y para el tramo más elevado (cuando el monto supere el mínimo no imponible en $18 millones) ascendería a 1,25%. El Mínimo no Imponible se mantendría en $2 millones y la exención de la casa habitación, por un valor menor a $18 millones.

La ley también plantea que por los bienes en el exterior se pagaría el doble (es decir, 2,5%) y si se repatriara el dinero habría un reconocimiento y menor impuesto.

Por otra parte, subirían los montos mínimos para el pago de impuestos internos a la importación de vehículos, motos y embarcaciones deportivas. Mientras que los bonos, cajas de ahorro y plazos fijos en pesos, no pagarán renta financiera.

Tarifas congeladas

El proyecto estipula el congelamiento de las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020. Además, la intervención de los entes reguladores y ordena la devolución de la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la Nación, por lo que ya no dependerían de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

El documento faculta al Gobierno nacional a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” para fijar los nuevos valores de los servicios públicos. La renegociación de los contratos con las eléctricas y gasíferas buscará “propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”.

Jubilaciones y AUH

En otro de los puntos destacados se encuentra la suspensión de la ley de movilidad jubilatoria: será interrumpida por seis meses –con posibilidad de que llegue a un año- la ley sancionada en 2017 y que ataba a la inflación y a las subas salariales los aumentos a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.

Se buscará confeccionar una nueva fórmula de actualización automática de haberes que implica a un total de 18 millones de argentinos. Hasta que haya nueva fórmula, el Gobierno dará aumentos por decreto a los jubilados, pensionados y beneficiarios de AUH. El 30 de diciembre se pagará un bono de $5.000 para jubilados y pensionados que cobren la mínima y subas en menores cantidades para quienes cobren hasta $19.000. En enero, se dará otro bono similar. Los beneficiarios de AUH, por su parte, cobrarán un bono de $2.000 por única vez antes de fin de año.

Pymes

Se incluyó una moratoria para las micro, pequeñas y medianas empresas, que contempla la suspensión de las acciones penales, la exención de multas y la condonación de intereses y capital. La regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad y aduaneras, habilita a acogerse por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive. Además, se podrá incluir la refinanciación de planes de pago vigentes y las deudas emergentes de planes caducos. Habrá, además, rebajas de contribuciones patronales para las pymes.

Deuda pública

Se faculta al Gobierno a realizar “las gestiones y los actos necesarios” para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública. El Ejecutivo deberá informar los resultados de esta negociación ante la comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación del Congreso. “Se alineará con el objetivo de la recuperación económica, definiendo un sendero fiscal para que nuestra deuda sea sustentable”, afirmó Guzmán.

Otro punto otorga la autorización al Tesoro a emitir letras en dólares y usar reservas para pagar vencimientos de deuda.

Salarios

En otro de los artículos, se otorga al Gobierno la facultad de disponer “incrementos salariales mínimos” a empleados del sector privado. Sería una suba fija de emergencia para las escalas más bajas, cuya cifra oscilaría entre los $6.000 y los $10.000. El Presidente podría aplicarla por decreto, y se sumaría a otro ajuste porcentual derivado de una negociación paritaria.

Créditos UVA

Hay un artículo referido a los créditos UVA. Se estipula que el Banco Central realice “una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias” de los préstamos hipotecarios, a la vez que se estudiarán mecanismos para “mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor”.