Alerta SGR: una decisión del Congreso pone en riesgo a 43.000 pymes, 500.000 empleos y créditos por $3 billones

Diputados define este miércoles si elimina la exención fiscal que sostiene al sistema de sociedades de garantía recíprocas. El beneficio tiene un costo para el estado del 0,027% del PBI, y su fin pondría en jaque a miles de pymes y medio millón de empleos.

El beneficio fiscal en cuestión representa apenas u$s136 millones anuales, el 0,027% del PBI, según un informe de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) elaborado en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Angustia es el sentimiento que recorre por estas horas a un engranaje clave de la economía, que motoriza el combustible para la subsistencia, crecimiento o consolidación de miles de pymes. Desde hace exactamente 30 años, las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se convirtieron en una herramienta estratégica para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder al financiamiento en mejores condiciones. Creado por la Ley 24.467, este mecanismo otorga avales que abren la puerta tanto al crédito bancario como al mercado de capitales. Actualmente, nada menos que el 35% del stock de préstamos al segmento pyme está respaldado por SGR.

Pero hoy, como nunca antes, esta herramienta clave corre riesgo de desaparecer, con un impacto directo sobre unas 43.000 pymes que cuentan con avales vigentes. Se trata de empresas que representan cerca del 8% del total del tejido empresarial de la Argentina –el 40% dentro del universo pyme– y que sostienen alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Además, está en juego un volumen de créditos por más de $3 billones, que podría evaporarse si se elimina el beneficio que da sustento al sistema.

Ese desenlace podría empezar a definirse este miércoles, cuando la Cámara de Diputados decida si mantiene o rechaza los vetos del presidente Javier Milei a varias leyes sancionadas el pasado 10 de julio. Entre ellas se encuentra la del Incremento Excepcional para Jubilaciones y Pensiones (27.791), que para financiar la suba del 7,2% en los haberes incluye en su artículo 10 la eliminación de la exención impositiva a los aportes de las SGR, el incentivo que las sostiene desde hace tres décadas.

El beneficio fiscal en cuestión representa apenas u$s136 millones anuales, el 0,027% del PBI, según un informe de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG) elaborado en base a cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Un costo mínimo frente al derrame positivo que generan las SGR: las empresas avaladas acceden a financiamiento hasta 25% más barato y exhiben un mayor nivel de creación de empleo que aquellas que no participan del esquema.

Actualmente funcionan 46 SGR en todo el país, que captan fondos de inversores “protectores” y los canalizan hacia avales que permiten a las pymes acceder a crédito bancario o de mercado de capitales en mejores condiciones de tasa y plazo.

Respaldo transversal a las SGR

El respaldo al sistema es masivo y transversal. La Unión Industria Argentina (UIA) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) encabezan el apoyo junto a 24 organizaciones que agrupan a más de 3.700 cámaras y 650.000 pymes en todo el país. Se suman la FECOBA, PAETAC, ADIMRA, cámaras empresarias de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Fe, la Federación de Acopiadores, la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, CONINAGRO y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. También expresaron su rechazo a la eliminación de la exención las seis Bolsas de Comercio, los mercados MAV, BYMA y A3, la Caja de Valores, más de 30 bancos nucleados en ADEBA, ABA y ABE, el Banco Nación, y unas 300 fintech representadas por la Cámara Argentina Fintech.

Los números son contundentes y vitales para las pymes: en mayo pasado, por caso, el sistema otorgó avales por el equivalente a u$s2.500 millones, con un fuerte sesgo hacia las firmas más chicas, según datos de la SEPyME. De hecho, 9 de cada 10 avales se destinan a micro y pequeñas empresas, y se estima que 1 de cada 3 préstamos pyme en la Argentina cuenta hoy con la cobertura de una SGR, de acuerdo con un relevamiento de Fundación Mediterránea. El reparto sectorial es diverso: en junio de 2025, el 31% de los avales fue al comercio, 25% a servicios, 21% a la industria, 18% al agro y 4% a la construcción, de acuerdo con SEPyME.

“Si eliminan la exención, el sistema desaparece”, advitió Rafael Galante, de CRECER SGR

“Este sistema no solo da financiamiento: transforma a un no sujeto de crédito en sujeto de crédito. Lo probamos con 100.000 pymes a lo largo de 30 años. El costo es mínimo frente al derrame que genera en empleo, inversión e impuestos”, afirmó Rafael Galante, presidente de CRECER SGR, quien mantuvo una charla con Ámbito en la que profundizó por qué eliminar la exención significa, en los hechos, el fin de un sistema que lleva tres décadas promoviendo la inclusión financiera de las pymes argentinas.

Periodista: Este miércoles el Congreso discute si convalida o elimina la exención fiscal a las SGR. ¿Por qué cree que se llegó a esta instancia?

Rafael Galante: Lo que se resuelve es de enorme gravedad. Estamos hablando de destruir una política pública que funciona desde hace casi 30 años. Este sistema nació en los ’90 para resolver un problema estructural: dar crédito a las pymes más chicas y riesgosas, las que no tienen patrimonio suficiente para ofrecer como garantía. En estas tres décadas demostró que cumple ese rol. Me cuesta entender por qué se instala la idea de que “no funciona” cuando está probado que sí. De hecho, países vecinos que no tienen SGR nos han visitado para aprender de nuestra experiencia. En lugar de eliminarlo, deberíamos estar discutiendo cómo potenciarlo.

P.: ¿Qué siente que hay detrás de la decisión de derogar la exención: desconocimiento o un plan deliberado de terminar con el sistema?

R.G.: Lo que vemos, principalmente, es mucho desconocimiento. Algunos legisladores aseguraban que las SGR no pagan impuestos, lo cual es falso. Pagamos Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, cargas sociales, como cualquier empresa. Lo único que existe es la posibilidad de deducir del Impuesto a las Ganancias el aporte al fondo de riesgo, que es lo que origina los avales. Eso no es un privilegio, es un incentivo para que los socios protectores arriesguen su capital en beneficio de las pymes. Cuando uno advierte ese nivel de desconocimiento en el Congreso, la preocupación es aún mayor.

P.: Si se rechaza el veto y cae la exención, ¿el sistema deja de funcionar?

R.G.: Sí, sin ese beneficio el sistema directamente desaparece. El socio protector deja su capital inmovilizado por dos años, asume las pérdidas en caso de mora y tributa por los rendimientos. Si además pierde el incentivo fiscal, no tendrá razón para quedarse. Se retira, y con él se va el financiamiento a las pymes. Y remarco: no es un problema de gasto fiscal. La Oficina de Presupuesto del Congreso ya demostró que el costo es mínimo, apenas 0,027% del PBI. Pero el beneficio es enorme: cada aval tiene un efecto multiplicador en toda la cadena -la pyme que compra una máquina, la empresa que la fabrica, los proveedores, los impuestos que se generan-. El costo es insignificante frente al derrame.

P.: ¿Cómo dimensiona en números concretos el impacto de la eliminación?

R.G.: El peor escenario es la desaparición del sistema. Hoy un tercio del stock de crédito pyme está avalado por SGR. Si se elimina el incentivo, ese porcentaje irá cayendo a medida que se cancelen las operaciones vigentes. Pero no habrá nuevos avales. Eso significa que miles de pymes quedarán fuera del crédito de largo plazo y a tasas razonables. Para dar un ejemplo: antes del salto de tasas de julio, una pyme con aval podía financiarse al 30% o 32% anual. Sin aval, esa tasa se duplicaba y en algunos casos, como acuerdos en cuenta corriente, superaba el 65%. Ninguna empresa puede sostener un crédito a 5 años al 60% o 70%. El resultado es claro: menos inversión, menos empleo y menos recaudación.

Rafael Galante, presidente de CRECER SGR.

P.: ¿Existe un plan B en caso de que se confirme el veto?

R.G.: No, no hay plan B. Si se elimina la exención, las 46 SGR que operan en el país tendrían que cerrar. Eso implica la pérdida de 2.000 empleos directos y, sobre todo, la desaparición de más de $3 billones en financiamiento productivo. El impacto se sentiría de inmediato en la economía real. No solo se quedan sin crédito miles de pymes, también cae la recaudación, porque cada aval genera un derrame de impuestos que supera ampliamente el costo fiscal de la exención. En definitiva, sería más caro cerrarnos que sostenernos.

P.: ¿Qué sectores concentran más avales y serían los más golpeados?

R.G.: Estamos presentes en casi todos. El agro representa cerca del 18%, el comercio un 31%, la industria más del 20% y también hay participación en servicios y construcción. Tal vez donde menos tenemos es en minería. Pero lo más importante es que el 83% de nuestras operaciones están dirigidas a micro y pequeñas empresas, las que más dificultades tienen para acceder al crédito. Esa siempre fue la razón de ser del sistema: transformar a un “no sujeto de crédito” en un “sujeto de crédito”. Hemos visto pymes que recibieron un aval hace diez años, pagaron su crédito y después ya no necesitaron más aval porque el banco los consideró clientes confiables. Ese es nuestro verdadero éxito.

P.: ¿Cuántas pymes se han visto y se ven beneficiadas por el sistema?

R.G.: Más de 100.000 en el pico del sistema. Hoy hay unas 43.000 con aval vigente, que sostienen alrededor de 500.000 puestos de trabajo. Y hablamos sobre todo de micro y pequeñas, que representan más del 40% de cobertura dentro del segmento. No son grandes compañías, sino empresas familiares con pocos activos, un local alquilado y un dueño que hace de todo. Son las más vulnerables, pero también las más importantes para generar empleo en la Argentina.

P.: ¿Cómo se originó el modelo de SGR argentino?

R.G.: Está inspirado en la posguerra europea, en particular en España. Allí las SGR pueden apalancarse hasta 8 veces el fondo de riesgo. En Argentina el límite es 4. Hoy, con fondos de riesgo por $900.000 millones, estamos avalando créditos por casi $3 billones, lo que demuestra la eficiencia del sistema. La diferencia es que en España las SGR son cooperativas y no pagan impuestos. Acá pagamos todos los impuestos; lo único que existe es la deducción del aporte al fondo de riesgo. Además, todos los recursos se invierten en instrumentos locales: ON, acciones, títulos públicos. No podemos comprar bonos extranjeros. Todo queda en el mercado local, que de por sí es chico y necesita financiamiento.

P.: ¿Quiénes son los principales socios protectores que aportan al sistema?

R.G.: Son grandes empresas, bancos, sociedades de bolsa, multinacionales y compañías de oil & gas. También hay personas físicas. Un asalariado que cobra un bono puede aportar, por ejemplo, $5 millones para bajar su carga en Ganancias. Es ahorro que se canaliza en dos direcciones: hacia instrumentos financieros locales y hacia avales que financian la economía real. Es un círculo virtuoso: gana el socio protector, gana la pyme, gana el Estado.

P.: Si tuviera un minuto para hablarles a los legisladores antes de la votación, ¿qué les diría?

R.G.: Les pediría que no destruyan un sistema que funciona. Es perfectible, como todo, pero en 30 años demostró ser una herramienta valiosa. Los avales que emitimos generan empleo, inversión y recaudación. Lejos de eliminarlo, deberíamos incentivarlo, como hacen en todo el mundo. Y si hablamos de jubilaciones, la única manera de mejorarlas es creando más trabajo. Para eso necesitamos pymes que crezcan y arriesguen capital. Toda gran empresa alguna vez fue una pyme chiquita. Y esas son, justamente, las que nosotros ayudamos a financiar.