Amenaza la oposición con frenar en el Congreso traspaso de Aerolíneas

Julio De Vido mantuvo ayer una reunión con la plantilla gerencial de Aerolíneas. El objetivo fue informarla sobre lo que hará el gobierno.

La oposición quiere aprovechar el impulso que le dio la derrota del gobierno en el Congreso con la Resolución 125 para aplicarlo ahora al debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas. Argumentos, por ahora, tienen de sobra.

Lejos de festejar la recuperaciónde la línea aérea para el Estado, como hicieron hasta ahora el gobierno y los sindicatos, el radicalismo y la Coalición Cívica no aceptan que se haya decidido con urgencia el traspaso de Aerolíneas Argentinas a manos de Julio De Vido y cuestionan abiertamenteque el gobierno esté dispuesto a asumir la deuda de u$s 900 millones que dejan los operadores españoles. Pero además temen que el Estado asuma todo ese pasivo y luego proceda a la reprivatización de la empresa a precio de remate.

El problema para el gobierno no es menor si se tiene en cuenta que Cristina de Kirchner necesitará que el Congreso apruebe el acuerdo de transferencia que ya se firmó con Marsans. Ese requisito legal no sólo es imprescindible porque lo fija la Ley de Administración Financiera y de los órganos de control, sino también porque ese requisito será exigido por el juez Jorge Sicoli, titular del Juzgado Comercial N° 15, donde se tramita el concurso de Aerolíneas Argentinas y a donde el gobierno acudió para pedir la intervención de la compañía antes de llegar al acuerdo de transferencia de la empresa. Así, el gobierno deberá una vez más reunir el número necesario en Diputados y el Senado para ratificar la reestatización, cuando aún no están cicatrizadas las heridas por la votación de las retenciones móviles.

Es imposible saber hoy si la oposición podrá sumar una fuerza similar contra la estatización de Aerolíneas, pero por ahora las mismas bancadas están reaccionando unidas y no quieren que la discusión en la Comisión Bicameral ni en los recintos pase como un trámite para el gobierno.

Por el radicalismo, ayer el jujeño Gerardo Morales fue terminante: «El gobierno contribuyó al vaciamiento de Aerolíneas Argentinas y ahora pareciera que la única alternativa es que el Estado se haga cargo, tanto del servicio como de la fuente laboral», explicó. «Por lo tanto, debemos conocer fehacientemente el estado de la empresa para tomar cualquier decisión», advirtió. Eso involucra un pedido a la Auditoría General de la Nación que fue enviado también ayer para que investigue las cuentas de la empresa.

Responsabilidades

Otro radical, el diputado Alejandro Nieva, que viene investigando a Aerolíneas Argentinas desde hace dos años, también cargó contra la empresa, De Vido y Ricardo Jaime: «Tanto las responsabilidades empresarias y como de funcionarios deben quedar en claro. Se ha producido el vaciamiento de una de las principales empresas de servicios, y no pueden quedar impunes los responsables».

El ánimo en la oposición, entonces, es no facilitar la operación (aunque teniendo en cuenta los riesgos que corre el personal de la empresa) si antes no se clarifican los números de la transferencia, la deuda a asumir y el control de la nueva aerolínea.

El peronismo disidente ya se asoció a la misma idea. Hilda Chiche Duhalde explicó ayer que considera un error el salvataje de Aerolíneas en estas condiciones y hasta se entusiasmó con pronosticar que «será difícil que reúnan el número» para la votación. La Coalición Cívica también está investigando y prepara la artillería para Diputados y el Senado.

Patricia Bullrich, que de su época de ministra de Trabajo conoce bien la relación con los gremios aeronáuticos, se encuentra a cargo del debate. «Estamos trabajando sobre hechos consumados. La empresa ya la destruyeron en una relación donde Marsans termina aceptando todo y el Estado que arma una regulación a medida».

«Por ahora no hay demasiadas posibilidades: no se puede echar a 10.000 personas», decía ayer Bullrich.

Conquista

Pero también dejó en claro que «no queremos entrar en la estatización como una medida de Estado anunciada con bombos y platillos. Hace años que este gobierno está destruyéndola. Esto no es una conquista. No aceptamos que esto sea un paso revolucionario de la Presidente».

Al mismo tiempo la Coalición Cívica sostiene una teoría similar a la del radicalismo: «No vamos a ser cómplices de que el Estado cargue con un muerto, que asuma la deuda y después le venda la empresa a algún amigo», dicen los seguidores de Elisa Carrió.