1 de septiembre 2003 - 00:00

Anunciarán medidas con mayor control a grandes inversores

El gobierno se apresta a lanzar una batería de normas en pos de regular el accionar de los conglomerados financieros, sobre todo en la administración de los fondos previsionales.

La normativa, que ya fue adelantada a las AFJP por la Superintendencia a cargo de Carlos Weitz, apunta fundamentalmente a «construir» lo que en la jerga financiera se conoce como la «muralla china», que no es otra cosa que separar la administración de las inversiones de empresas integrantes de un mismo grupo financiero.

El tema fue estudiado exhaustivamente hace un año por el denominado Grupo Estratégico de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas. El estudio dio cuenta de que más de 83% del ahorro que se canalizaba a través del sistema financiero local estaba en manos de conglomerados financieros (más de 80% extranjeros), lo cual explicaba la forma en que se canalizaron los ahorros en la última década y el destino del crédito.

Pero las mayores implicancias normativas afectan a los grupos previsionales, integrados por AFJP, aseguradoras de vida, de retiro y de salud, y las entidades bancarias vinculadas.


• Quiénes son

La definición de conglomerado financiero según el Banco de Pagos Internacionales de Basilea dice que son aquellas instituciones que proveen diversos servicios financieros, incorporando al menos dos actividades entre las que se encuentran la bancaria y/o la de seguros.

Entre los principales cambios normativos se destacan:

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Las AFJP y las aseguradoras estarán obligadas a grabar todas las operaciones que se realicen a través de las mesas de inversiones. Es decir que toda operación de compra o venta con los brokers deberá quedar registrada en cintas en poder de la AFJP.

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Cada compañía, sea AFJP o aseguradora, deberá tener un sólo gerente de inversiones. En la actualidad, la mayoría de los grupos previsionales tiene un gerente de inversiones a cargo de la administración de todas las carteras. Ahora, deberán tener un gerente a cargo para cada empresa.

* Los comités de inversiones de cada compañía no podrán intercambiar información ni decisiones con sus pares vinculados. En este caso, la implementación de la «muralla china» aspira a evitar desmanejos en la administración de las distintas carteras. Para que, por ejemplo, una AFJP no se quede con una mala inversión y la aseguradora, o el banco, se quede con la buena.

• Más costos

«La norma va a generar un aumento de los costos opera-tivos, así que es imposible esperar que bajen las comisiones», señaló ayer el presidente de una AFJP a este diario, pero agregó que «dará más transparencia al mercado».

El gerente de inversiones de otra AFJP reconocía que
«es un camino lógico, que la mayoría de los mercados inter-nacionales ha hecho. Es burocrático pero tiende a proteger los intereses de los afiliados».

• Escándalos

Meses atrás, el Parlamento europeo obligó a todos los países europeos a tener una normativa sobre conglomerados financieros, sobre todo después de los escándalos de Enron y Worldcom, para que estén bajo el radar de los reguladores. En el caso argentino, los conglomerados se gestaron a partir de bancos.

La normativa del gobierno de Kirchner también apuntará a la necesidad de pasar, en forma gradual, a un sistema donde exista una segmentación clara entre la propiedad de bancos, inversores institucionales e intermediarios.


Algunos funcionarios han recomendado que, hasta que esta reforma se consolide, debería prohibirse en forma taxativa la posibilidad de realizar operaciones entre compañías pertenecientes a un mismo grupo financiero o económico.

En esta línea de pensamiento, se sustenta la creación de un único regulador de servicios financieros o superente fiscalizador.

Como en todo sistema financiero, hay intermediarios
(bancos, agentes bursátiles), demandantes institucionales (AFJP, aseguradoras, fondos comunes de inversión) y oferentes (empresas). Existiendo la posibilidad de que un conglomerado controle a diversos participantes de este sistema, se crean conflictos de intereses básicos. Precisamente contra esto responde la normativa que se conocerá en las próximas semanas.

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