El presidente Néstor Kirchner aún no habría recibido el polémico proyecto de ley de accidentes de trabajo elaborado por encargo del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Así lo confirmó una alta fuente oficial, dado que la iniciativa todavía no habría pasado por el despacho de quien debería ser su receptor natural, o sea, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Hasta ayer, al menos, ninguno de los funcionarios del gobierno respondió -ni oficial ni extraoficialmente- a los planteos críticos que le llueven desde el empresariado. Sin embargo, «off the record», funcionarios de la cartera laboral están intentando bajarle el tono a la incipiente disputa, dada la casi unánime reacción de los empresarios ante la absurda iniciativa que crea «delegados de seguridad e higiene» y los faculta a parar las fábricas por causas como -por caso- que una determinada materia prima fue declarada riesgosa en algún estudio realizado por una universidad extranjera.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Los miembros de la directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) habían sido informados por Tomada de que el anteproyecto ya estaba en poder del Presidente. Sin embargo, hace una semana gente de la central fabril compartió un foro empresarial con Fernández y aprovechó la ocasión para manifestarle su profunda zozobra por algunas de las partes medulares del proyecto de Tomada. Dicen quienes estuvieron en esa comida y conferencia que el jefe de Gabinete manifestó no saber de qué le estaban hablando.
En virtud de esa respuesta, volvieron al día siguiente a comunicarse con Tomada, que, en una reunión realizada un par de semanas antes, les había dicho: «Ya es tarde: la tiene el Presidente...», cuando los industriales le pidieron participar en la elaboración de la nueva ley de ART. Ante el llamado de la gente de la UIA, Tomada habría respondido que, en realidad, lo que habían mandado a gobierno era «un borrador, Carlos Tomada nomás», y admitió que ignoraba si éste ya había sido leído por Kirchner.
• Cuestionamientos
Por todo esto, la UIA le remitió a Alberto Fernández una copia de la carta que le mandaron a Tomada, que contiene una larga lista de cuestionamientos y refutaciones al articulado del proyecto de ley. Otro ejemplar de esa carta llegó al despacho de Roberto Lavagna y de algunos miembros de su gabinete. Este último envío, obviamente, no es inocente: los empresarios juegan sus fichas a que sea el titular del Palacio de Hacienda quien los ayude a acercar posiciones con el proyecto Tomada.
¿Qué actitud asumirá Fernández? Algunos empresarios -no dirigentes de la UIA, desde ya- le recordaron a este diario que el funcionario había sido superintendente de seguros, pero admitieron que ese cargo había sido ocupado por el actual jefe del PJ porteño hace más de una década.
En tanto, las compañías de seguros -principales accionistas de las ART- tampoco quieren quedar como asociadas o impulsando un proyecto que ya está provocando semejante oposición: es que el miércoles, al planteo de la UIA -que calificó a la posible sanción de esta norma como «inhibidora de la contratación de personal, desalentadora de nuevas inversiones y en el futuro mediato una amenaza a la existencia misma de la industria en el país»- se sumó el de la Cámara Argentina de la Construcción, que se expidió en términos más o menos similares en una asamblea del sector en La Plata. Y algunos de los treinta empresarios que asistieron ese mismo día al almuerzo de la AEA (Asociación Empresaria Argentina) con el ministro Lavagna también, «sotto voce» y de manera muy «educada», les sugirieron a los funcionarios que lo acompañaron los riesgos que implicaba el proyecto para las industrias.
Por ahora, el gobierno ha elegido no hacer público pronunciamiento alguno a estas críticas, pero tampoco ha remitido al Congreso el anteproyecto. Esto, desde el lado de los empresarios, ya está siendo leído como una clase de respuesta.
Dejá tu comentario