Si bien la Justicia anuló multas de hasta 500 mil pesos a siete consultoras aplicadas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por haber difundido índices de precios, aún quedan cinco sobre las cuales falta una resolución judicial.
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Mientras las consultoras analizaban volver a publicar sus propios índices, con las mediciones de una treintena de estas empresas especializadas, se difundió un promedio de abril, en la Cámara de Diputados de la Nación, que llegó al 1,52 por ciento.
"El índice lo seguimos elaborando, pero siempre fue privado", dijo a Noticias Argentinas Fausto Spotorno, de Orlando Ferreres & Asociados, una de las consultoras que espera el fallo judicial que la incluya en el levantamiento de multas.
Respecto del blanqueo de dólares que impulsa el Gobierno, Spotorno consideró que no va a influir sobre el comportamiento de los precios al consumidor, aunque quizá lo haga un tanto sobre los valores de la construcción.
Al presentar el índice-Congreso elaborado con el promedio de mediciones efectuadas entre 28 y 30 consultoras, el radical Ricardo Gil Lavedra dijo que "la Justicia acaba de reparar y ha dejado sin efecto lo que era un disparate de Comercio Interior".
En tanto, la legisladora Patricia Bullrich sostuvo que "es un día importante", pero aclaró que "ciertas consultoras todavía tienen miedo de que pueda haber nuevas medidas" y que hay que defender la libertad que ganamos".
La Justicia, en una medida dispuesta por las salas I, II, III y IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, opinó que la difusión de sus propios índices que superaban los del INDEC por parte de las consultoras no vulneraban la ley 22.802 de Lealtad Comercial.
Entre las empresas multadas se encontraba una donde trabajaba la ex directora de Índices de precios de Consumo del INDEC, Graciela Bevacqua, y otra que perteneció el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, Ecolatina.
Fueron sancionadas Buenos Aires City, FIEL, Ecolatina, Gabriel Rubinstein y Asociados, Finsoport (de Jorge Todesca) y Eco Go, entre otras.
El diputado Julián Obiglio (PRO) reclamó que las "costas y gastos de estos juicios deben afrontarlas el secretario Moreno con su patrimonio y no con el dinero del Estado".
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