El gobierno comienza a discutir en esta semana el próximo régimen automotor que reglamentará el intercambio de este sector con Brasil con dos premisas innegociables: no habrá libre comercio y las compensaciones se tomarán por terminal y no calculando el mercado como un todo. El jueves pasado, los funcionarios argentinos pusieron en Buenos Aires ambos criterios sobre la mesa de discusiones, en lo que fue la primera jornada de debate entre los equipos de ambos socios comerciales. No hubo respuesta desde Brasil, pero sí habría quedado claro que sin considerar los dos premisas no existiría Política Automotriz Común (PAC) en el futuro en el Mercosur.
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La Argentina y Brasil deben definir antes del martes 28 de febrero el régimen que estará vigente hasta el 30 de junio, día que los presidentes Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la próxima cumbre del bloque de Buenos Aires, deberían firmar la PAC final. Mientras tanto, continúa por estos días el sistema vigente desde 1991, y que en su versión original, ya modificada, hablaba de un libre comercio entre los dos países desde el 1 de enero de este año. Esto obviamente no ocurrió, y no ocurrirá, si el que debe definir la nueva PAC es el actual gobierno. Para la Secretaría de Industria de Miguel Peirano, la repartición encargada de llevar adelante estas negociaciones, de liberarse el comercio entre los dos países, en no más de cinco años toda la producción local se mudaría hacia Brasil, quedando en la Argentina algún tipo de fabricación marginal.
El segundo esquema que no está dispuesto a negociar Peirano es que los términos de intercambio para equilibrar importaciones con exportaciones de vehículos dejen de calcularse tomando el mercado automotor como un todo, pasando a regularse contabilizando terminal por terminal. Esto quiere decir que sólo podrán ingresar en la nueva PAC que quiere la Argentina las fábricas que estén produciendo unidades en los dos países de una manera similar. Con esta decisión, el gobierno apunta a una terminal en particular: Renault. En el primer caso, habría caído muy mal en el Ministerio de Economía el dato conocido la semana pasada sobre que la empresa francesa no tiene en sus planes la utilización de las plantas locales para fabrican nuevas unidades, ya que éstas saldrán de las fábricas brasileñas.
Hay una segunda terminal que no produce automóviles en el país, FIAT, pero sí utiliza sus plantas para fabricar motores que luego exporta al resto del mundo.
La PAC que tiene en mente el gobierno argentino, busca favorecer a otras empresas automotrices (Ford, Volkswagen, General Motors, Toyota e IVECO, entre otras), que estarían exportando a Brasil, produciendo automóviles,lanzando nuevos modelos y, fundamentalmente, intentando vender unidades a terceros mercados por fuera del principal socio del Mercosur como México, Colombia, Venezuela, Chile, Sudáfrica, algunos países del norte de Africa y China.
Sobre el esquema de «flex» (norma que implica que actualmente por cada dólar que un país exporta puede importar por 2,6 dólares), la Argentina está dispuesta a negociar, pero reduciendo esa brecha a no más de 1,8 dólar. Los técnicos esgrimen el argumento de que actualmente, con este «flex», la Argentina tiene un desequilibrio comercial de u$s 1.000 millones de anuales, y que este número crecería aun más este año.
El planteo del gobierno local es que este «flex» sea más restrictivo y que haya además una protección especial para el sector de autopartes. Sobre este último punto, Brasil quiere un régimen que le permita importar autopartes desde terceros países, lo que la Argentina podría discutir pero en términos restringidos.
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