La Legislatura porteña votó ayer más beneficios para las empresas que expropió el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a favor de los empleados. La iniciativa para modificar esa ley partió de Jorge Argüello, legislador que recientemente ha sido electo diputado nacional por la lista que acompañó a Mauricio Macri, como candidato a jefe de gobierno.
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La normativa fue aprobada por unanimidad y facilita las habilitaciones correspondientes para siete cooperativas a las que además exime del pago de todo impuesto, tasa, sellado o timbrado, que originen esos trámites. Incluso para el caso particular de las cooperativas Vieytes y La Nueva Esperanza, se facultó al Poder Ejecutivo a que les transfiera en forma transitoria los certificados de Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y del Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) hasta que se concrete la expropiación.
En otro sentido esa ley se cambió para que se fije el «valor de remate» en lugar de «precio de mercado», para establecer el monto indemnizatorio por las expropiaciones de edificios de empresas, que sean declarados de utilidad pública a favor de los empleados.
De esa manera el gobierno porteño pagará a los dueños de las empresas un valor menor que el real de marcado y «en caso de tratarse de bienes de empresas en proceso de concurso o quiebra, debe tomarse el valor objetivo del precio base de venta en remate judicial».
