Bonistas locales deben recibir un trato diferente

Los bonistas residentes en la Argentina, quienes fueron alentados en su momento por los consejos del gobierno de turno acerca de invertir en papeles soberanos, hoy ven asombrados cómo se los califica de especuladores. Y eso que, en su mayoría, pagaron el Impuesto a las Ganancias antes de comprar los títulos y, cuando correspondía, el tributo a los Bienes Personales.

¿No debería intervenir la Justicia para analizar las consecuencias de esa promoción de inversiones por parte del gobierno? Los funcionarios, al menos, tendrían que cuidar sus comentarios sobre los ahorristas residentes en el país. Pero sobre todo asesorarse muy bien antes de usar expresiones como: «Si estuvieron dispuestos a colocar sus fondos a esas tasas de interés, ahora tienen que afrontar las consecuencias».

• Tasas normales

Deberían saber que las tasas de suscripción de los bonos, en los '90, eran las normales para esa época en países emergentes. Más aún: en muchos casos, si comparamos las tasas de interés que pagaban empresas triple A (AAA) de los Estados Unidos o Europa para 10 o 20 años nos damos cuenta de que estaban muy cerca y en perfecta relación con las que pagó la Argentina. Las autoridades, evidentemente, no se tomaron el trabajo de ver los niveles de rendimientos para esas fechas de emisión y esos vencimientos, ya que no podemos suponzer que estén haciendo tales afirmaciones de mala fe.

Al efectuar una propuesta con tal nivel de quita (75 por ciento), que la convierte en una confiscación, las autoridades están induciendo a que el país se llene de juicios. Quienes puedan esperar no dudarán en iniciarlos. El Poder Ejecutivo está haciendo responsables a todos los argentinos en caso de que esos juicios salgan en contra del Estado. ¿No deberían las autoridades, con la misma vehemencia que han mostrado en otras oportunidades, avisar del ocasional riesgo que estamos corriendo los argentinos por el eventual resultado negativo de los juicios? Los titulares de papeles de la deuda pública residentes en nuestro país tendrían que recibir el mismo trato que se les otorgó a quienes quedaron atrapados por el «corralón». En estos casos, las autoridades decidieron emitir un papel en dólares para compensar, con justicia, la diferencia entre $ 1,40 más CER (que se cobra en efectivo y al contado) y el tipo de cambio del momento de emisión de ese nuevo papel.

Recordemos, además, que con la emisión de ese papel se buscó evitar que los bancos privados sufrieran mayor cantidad de juicios. Los bonistas residentes en la Argentina deben recibir un tratamiento distinto de los acreedores externos, ya que gastan e invierten las rentas en nuestro país, beneficiando a la economía real. Quienes viven en el exterior benefician a la economía real de otros países. Algunos miran espantados que con el superávit primario se envíen fondos al exterior y se beneficie a la economía real de otros países. Esto no es así. Los bonistas residentes en la Argentina, reitero, gastan e invierten sus rentas en el país, beneficiando nuestra economía real. En consecuencia, debería diferenciarse de ese superávit el porcentaje correspondiente a bonistas locales.

La actitud del gobierno, dilatando el acercamiento entre las partes con propuestas fuera de lugar, está haciendo perder la oportunidad que se presenta hoy en el mercado internacional, donde el mundo financiero y productivo mira a los países emergentes para colocar sus fondos. Esta situación está llevando a que el riesgo-país de estas naciones se encuentre en niveles mínimos históricos. La Argentina mira cómo inversiones productivas no llegan, porque aún estamos afuera del mundo financiero.

Causa asombro cómo, con el pretexto de que «no vamos a pagar la deuda con el hambre del pueblo», dejamos de recibir inversiones productivas que nos beneficiarían, creando fuentes de trabajo, devolviéndonos la dignidad, incrementando los ingresos fiscales, paliando la crisis social y facilitando el crecimiento del producto bruto... En consecuencia: volviendo más razonable el índice Deuda Pública/Producto Bruto Interno.

• Desconocimiento

Con esta actitud están sometiendo al hambre a generaciones. La Cancillería les pide a los empresarios que salgan a vender al exterior. ¿Creen realmente los funcionarios que, con el comportamiento de confiscación que propone el gobierno, la Argentina tiene posibilidades de incrementar las exportaciones con valor agregado? ¿No han pensado cuál será la reacción de un comprador europeo, japonés o estadounidense cuando vea en la góndola un producto de un país que a él, a algún familiar o conocido lo estafó? Eso es no conocer la mentalidad de los compradores de productos de consumo masivo en esos países. Para crecer desde 2005 en adelante, la Argentina necesita que se concreten ya -repito: ya-avalanchas de inversiones en proyectos. Esto es lo que deben comprender nuestras autoridades. En síntesis: se debe solucionar el tema de la deuda pública con un criterio de estadista, ya que, de lo contrario, nos estarán condenando a la decadencia por generaciones.

(*) Economista, consejero empresarial, presidente de Cadec SA y ex CEO del holding Bunge y Born.