Canje: el "Centenario" y el miedo al primer megajuicio por la deuda

Economía

En la emisión del bono se fijó la posibilidad de rescate por parte del emisor (Argentina). Sin embargo, podría ser malinterpretado en las cortes norteamericanas.

Los números son escalofriantes: de u$s2.000 a 14.000 millones de dólares. El bono Centenario y su participación en el canje de deuda planteado por Martín Guzmán, sigue dando dolores de cabeza. Por lo que se sabe, será el titulo público emitido durante el gobierno de Mauricio Macri que más reducción de tiempo tendrá entre el final del diseño se su plan de pago de intereses y rescate final (culminaba en 2117), y la propuesta del ministerio de Economía. Si finalmente hubiera acuerdo entre el Gobierno y los acreedores, en lugar de aquel lejano año, el bono a Global a 100 años se pagaría en el 2036 o el 2037. Obviamente con una reducción importante en el pago de intereses, que se acortarían a la mitad. Sin embargo, su rescate para el país implicaría un costo mayor. A esta situación algo compleja, se le suma ahora una amenaza que complica la negociación del bono con los acreedores. Muchos de los tenedores de esta deuda, en su mayoría grandes bancos y fondos de inversión (así lo diseñó para su lanzamiento el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo), comenzaron ya a hablar entre ellos para analizar la posible vigencia de una cláusula de emisión incluida en el bono denominada Make Whole Clause (MWC). Según esta visión, se podría obligar al Gobierno a pagar en el momento de rescatar el bono la totalidad de los intereses comprometidos en la línea histórica de la emisión (hasta 2117), si en algún momento Argentina quisiera rescatarlo.

Si bien la cláusula habla de rescate y no default, la situación legal no estaría clara y potencialmente podría ingresar en el eterno marco de los “grises legales” que en general son resueltos en los tribunales de Wall Street, donde Argentina tiene una pésima fama y peor fortuna. El peligro en el caso de la vigencia de la MWC, es que su violación provocaría la aparición del derecho para los tenedores de esa deuda para el reclamo del capital y los intereses que se deben hasta la fecha de inicio del canje o default, salvo que expresamente los acreedores firmen voluntariamente la renuncia a aplicar ese derecho. Esto podría ocurrir en el caso de un acuerdo voluntario y exitoso. El problema sería si no hay apretón de manos final, y si el país ingresa en el peligroso (en todo sentido) camino del default.

El alerta lo impuso ayer en el debate el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que, vía Twitter, publicó “¿Pero tiene esto algo q ver con una reestructuración? Resulta que sí. El fallo Cash vs Wilmington, de 2016, se refiere a una empresa con bonos con MWC que entró en default. El juez consideró eso una decisión voluntaria del emisor y entendió se gatillaban las obligaciones del MWC”. Según el cálculo y la advertencia del ex funcionario, “si se aplicara la misma lógica al Centenario implicaría transformar un pago de 2.000 millones en uno de 14.000, comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende Guzmán. Si éste es el pago posible en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título”. Menciona en su hilo de la red social que “los precios de mercado no reflejan esta visión, ni se sabe siquiera si el fallo Cash vs Wilmington aplica (yo creo q no debería). Pero hay q estar preparado. Sino, en vez de demostrarle al mundo como se hace una reestructuración daremos un nuevo ejemplo de cómo no debe hacerse”.

Según otras visiones, el peligro no sería tal. Las argumentaciones hablan de una cláusula usual y muy común en la emisión de bonos internacionales utilizada desde hace tres décadas, y tienen la finalidad de permitirle al emisor de la colocación hacer una cancelación anticipada, si las tasas generales caen y la de la emisión resulta muy cara para los mercados. La mira estaría en este caso en los emisores y no en los tomadores de la deuda. Es la justificación que en su momento expusieron los responsables del equipo de entonces ministro de Finanzas Luis Caputo al lanzar el bono en 2017, y que ahora exponen como defensa de la inclusión de la cláusula. La cláusula le da el derecho al emisor a retirar el bono anticipadamente, situación en la cual habrá que pagar al acreedor un monto como compensación.

La pregunta que debe hacerse ahora el acreedor es si un canje de bonos, como sería el caso de la operación que propone Guzmán, debe considerarse o no una compra temprana del bono; y, en consecuencia, una operación en sintonía con lo que el contrato de emisión del Centenario autoriza. Si Argentina retiraría el bono en efectivo, debería retirar antes de lo previsto, debería compensar a los tenedores de esa deuda por haber anticipado el rendimiento prometido; el que, en el caso del Centenario, era llamativamente positivo y rentable. Lo que será motivo de discusión, entre los negociadores de Guzmán (incluyendo los bancos asesores HSBC y el Bank of America) y los acreedores durante los actuales cruces en el marco del canje de deuda (exchange offer); es si la operación que propone el Gobierno implica un retiro de un bono del mercado o un canje por otro. La corte de EE.UU. dijo que un default es una compra anticipada de un bono. En este caso no sería un default, sino un canje. El temor que comienza a circular por el mercado, es que; aun con un acuerdo, haya un grupo de bonistas que no estén de acuerdo con esta visión, que consideren que la cláusula MWC está vigente y que se necesita una compensación extra por fuera del canje propuesto de Guzmán.

Obviamente el ministerio de Economía rechaza cualquier alternativa de este tipo, y ya derivó el caso para que comience su estudio en la procuración del Tesoro que maneja Carlos Zannini; el encargado de diseñar la estrategia jurídica del canje de deuda lanzado por Economía, y que trabaja hoy con el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) como referente legal en Nueva York. El temor es que luego de cerrado el canje; o, peor aún si se llega a situación de default, el grupo de bonistas tenedores del Centenario (totales o residuales) decidan llevar el debate a la justicia de EE.UU. (donde en general, la jurisprudencia dice que al país no se le da la razón), y que sean, otra vez, los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, famosos en el país por las andanzas de Thomas Griessa y donde ahora gobierna Loretta Preska, donde se decida la suerte de una colocación de deuda argentina fallida y los reclamos de bonistas con excelentes abogados. Según Sebastian Maril, director de Research for Traders, se trata de una cláusula normal en el mercado internacional y, con pocos antecedentes.

El bono Centenario fue lanzado el 17 de junio de 2017 por Luis Caputo como ministro de Finanzas. Vencería en 2117 y pagaría intereses y parte del capital durante cinco generaciones de argentinos. Fue emitido por unos u$s2.759 millones, tendría un cupón de renta fija del 7,125% anual, y su colocación fue realmente exitosa. Los pedidos de emisión sumaron más de 9.000 millones, y solo se colocó en “manos fuertes”. Según Caputo, la operación representó el momento de mayor confianza del mundo financiero con la argentina del gobierno de Mauricio Macri. Para el entonces ministro, “una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”. Agregaba además que el país mostraba “prudencia y responsabilidad”. Con esta operatoria era de los pocos países en el mundo que había logrado emitir este tipo de deuda, junto con México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

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