El temor de que el gobierno conceda el ajuste por inflación en la liquidación de Ganancias como moneda de cambio ante un eventual fuerte aumento en las retenciones a los granos y la imposición de cupos de exportación alteró ayer el ánimo del sector agroalimentario.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La inquietud ya circulaba ayer por los mercados vinculados al campo y algunos empresarios exportadores de granos calculaban que una suba de 10% a los derechos de exportación de materias primas permitiría al gobierno una recaudación adicional de u$s 600 millones anuales a costa de la actividad agrícola. «En términos de ingresos, el gobierno se apropiaría de 15 millones de toneladas de granos producidos por los agricultores», indicaba operadores agrícolas. La posibilidad de un nuevo incremento en las retenciones podría generar un efecto de retracción sobre la producción y las ventas externas del sector, hecho que terminaría impactando también sobre la recaudación, principal motor de estas medidas aunque el gobierno expresa que el fin primario es impulsar la baja en los precios de consumo interno. Así lo entienden los empresarios agroalimentarios, que ayer comenzaban a manifestarse contrarios a la medida.
Desde la industria aceitera -que genera el mayor ingreso por exportaciones y, en consecuencia, por retenciones-, se sostenía ayer que «el consumo interno representa para nosotros menos de 10%, así que poco podría impactar un aumento en las retenciones en la conformación del precio interno. Estamos hablando de 300 mil toneladas contra 4 millones de toneladas que se exportan. Además, el precio del aceite no aumentó el último año para el mercado interno. Así que hay una apreciación errónea», decía Alberto Rodríguez, gerente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA).
La industria molinera también se mostraba contrariada ante las posibles medidas. «Causarán un efecto contrario al buscado por el gobierno -se indicaba-, ya que traerán graves consecuencias para el sector, incluyendo deterioro de molinos y mayor desempleo, así como una suba de precios de la harina en el mercado interno.» Los molineros nucleados en la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) explicaban que «la demanda de harina es inelástica y el mercado está abastecido por una industria que dispone de 40% de capacidad ociosa. El cupo disminuye la exportación de harina y, como consecuencia, los molinos reducen molienda total, manteniendo su producción para el mercado interno. Como la harina tiene un consumo constante, los molinos harineros deberán prorratear sus costos fijos en menor producción, lo que los llevará a la reducción de producción y mayor deterioro de la industria, produciendo aumentos en los precios de la harina», explicaban.
Según los molineros, el abaratamiento de la harina -que en efecto dominó disminuiría el precio del pan-depende de la baja del precio del trigo, que representa 70% del costo de la harina, y de la unificación de la alícuota del IVA de la cadena de trigo/harina/pan a 10,5% hoy distorsionada.
Las entidades del campo volvieron a rechazar las retenciones, tal como hicieron el año pasado luego de la devaluación. La idea de que la mayor presión impositiva sobre las exportaciones terminaría recayendo sobre el precio que reciben los productores por sus cosechas (tal como ocurrió durante 2002, cuando sobre el valor de los granos terminaron descontándose las retenciones) también alteró la predisposición de la dirigencia rural justo un día antes del encuentro de la Mesa Agropecuaria, que reúne al secretario de Agricultura, Haroldo Lebed, con las entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Coninagro y Federación Agraria). Los empresarios rurales esgrimirán, no sin razón, que productos básicos del consumo interno como la leche y la carne forman hoy sus precios de acuerdo con el mercado interno, hacia donde se destina 80% de la producción.
