En los fundamentos de la nota del Enargas que exige el normal abastecimiento en el invierno de 2004, hay una llamativa coincidencia con las expresiones del gobierno sobre las empresas eléctricas. Así, el ente afirma que, «ante la magnitud de la emergencia pública que alcanza a todos los sectores sin distinción, resulta inaceptable que las licenciatarias se ubiquen en actitudes de reclamo, bajo pronóstico de problemas de abastecimiento».
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También se indica que las compañías de gas pretenden «subordinar la adecuada continuidad de las prestaciones y la atención del incremento de la demanda a la implementación de medidas de recomposición tarifaria».
El organismo también sostiene que, si se considera el «extenso» plazo del contrato, 35 años con posibilidad de ampliación por 10 años más, «es razonable aceptar que, con el trascurso de los años, seguramente se presentarán vicisitudes coyunturales, que podrían derivar en resultados transitorios, algunos en sentido favorable al interés empresario y otros no». Finalmente, el Enargas advierte que « adoptará todas las medidas que sean necesarias, más allá del tiempo que demanden las complejas negociaciones» relacionadas con los contratos de concesión y los aumentos de tarifas.
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