20 de diciembre 2002 - 00:00

Confirman más presión sobre empresas

Confirman más presión sobre empresas
La Cámara de Diputados sancionó ayer por la tarde el proyecto de presupuesto nacional 2003 que finalmente cerró con un déficit de $ 520 millones. A último momento los diputados pidieron una serie de incorporaciones entre las que figuran la eliminación del tope salarial de $ 4.800 para el cálculo de los aportes previsionales. El peronismo no pudo imponer finalmente el artículo que ratificaba todos los decretos de pesificación, emisión de bonos y «corralito», firmados este año por Eduardo Duhalde. De todas formas la clásica incorporación de nuevos artículos se vio frenada por una virtual denuncia que hizo en el recinto el mendocino Gustavo Gutiérrez sobre esos agregados para aumentar el gasto lo que derivó en un escándalo. Fue en ese momento cuando Eduardo Camaño decidió terminar el tratamiento sin incluir más artículos antes que se cayera el quórum y peligrara la sanción definitiva del proyecto. Ahora el Senado tiene previsto sesionar el próximo 26 y 27 para convertir en ley el proyecto de presupuesto y el paquete impositivo votados en las últimas 48 horas.

• Déficit

Una de las incógnitas de último momento del presupuesto nacional 2003 fue el déficit final fijado por los legisladores. Después de la eliminación de la partida contingente de $ 3.570 millones, el déficit quedó ubicado en $ 406 millones. Pero con los últimos cambios introducidos al proyecto terminó en $ 520 millones. A ese número se llegó porque se le prohibió al Ejecutivo transferir al Tesoro $ 100 millones de los fondos fiduciarios hídrico y vial, además de eliminar otra transferencia de $ 21 millones del fondo de promoción del cine también a rentas generales. Así no creció el gasto pero sí el déficit.

Dentro de los cambios introducidos en el presupuesto 2003 durante el tratamiento en particular se encuentran:

• Una autorización para emitir bonos por $ 500 millones para saldar deudas entre provincias y Nación que habían sido dispuestas en el programa de saneamiento de deudas provinciales con una compensación de doble vía con Nación.

Esta medida se complementa con otra polémica que se sancionó ayer y que le permite al gobierno «establecer medidas tributarias especiales, tales como diferimientos, reintegros, deducciones, regímenes especiales de amortización, bonificaciones de impuestos y mecanismos de financiamiento tales como fondos fiduciarios» en las provincias con alta desocupación producida por los procesos de privatización. Es decir, una suerte de promoción impositiva de todo tipo y sin límites.

• Otra de las inserciones de último momento provocará mayor costo laboral para las empresas, al límite que ayer el Ejecutivo ya la había incluido dentro de la lista de posibles vetos al proyecto. A pedido de la frepasista María América González se sancionó un artículo que elimina el límite de $ 4.800 como base sobre la que se calcula el aporte previsional personal y el que realiza la empresa. Hasta ahora tanto las cargas patronales como el aporte jubilatorio personal se realizan en un porcentaje de 15% y 11%, respectivamente, sobre el sueldo pero hasta el lí-mite de $ 4.800. Más arriba de ese monto, es decir normalmente en el nivel de empleados de categorías más altas, los aportes son voluntarios. El cambio que sancionó ayer Diputados provocará no sólo un mayor aporte a la jubilación estatal o privada, sino un aumento de la carga para las empresas sobre los sueldos, por ejemplo, de nivel gerencial.

• Crítica

El destino de esos mayores fondos fue fijado para el adelanto de cuotas en el pago de los retroactivos a jubilados por la eliminación del recorte de 13%. Una de las críticas realizadas ayer en el recinto es que no existe un cálculo serio sobre la posibilidad de pagar esos adelantos con lo recaudado por mayor presión sobre las empresas.

El final de la sesión fue más movido que en años anteriores. Cuando los diputados intentaron comenzar con la clásica maratón de nuevos artículos que incrementan el gasto, y que por lo general luego son vetados por el PEN, el mendocino Gutiérrez pidió la palabra: «No podemos permitir nuevamente que se metan estos curros de fin de año. Siempre aprovechan para meter sus negocios cuando después de 30 horas de sesión todos estamos cansados», dijo. No pudo terminar de hablar que el escándalo había estallado. Los diputados del radicalismo y el PJ comenzaron a insultarlo al límite que Camaño le pidió: «Diputado por favor retire la palabra curro de su discurso y así calmamos la sesión». Gutiérrez accedió a pedirles a los taquígrafos esa eliminación, pero el escándalo siguió y el presidente de la Cámara optó por terminar el debate y cerrar la sesión sin incorporar el mayor gasto.

Así quedaron afuera un pedido para distribuir regalías de la represa de Salto Grande a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, el plan de radarización por $ 400 millones -el propio Ariel Basteiro de la Asociación del Personal Aeronáutico dijo que con 10% de ese monto se podía garantizar la seguridad aérea-y hasta la reconsideración del proyecto que modificaba el Impuesto a las Ganancias y que había vuelto a comisión la noche anterior.

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