Confirman más presión sobre empresas
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• Otra de las inserciones de último momento provocará mayor costo laboral para las empresas, al límite que ayer el Ejecutivo ya la había incluido dentro de la lista de posibles vetos al proyecto. A pedido de la frepasista María América González se sancionó un artículo que elimina el límite de $ 4.800 como base sobre la que se calcula el aporte previsional personal y el que realiza la empresa. Hasta ahora tanto las cargas patronales como el aporte jubilatorio personal se realizan en un porcentaje de 15% y 11%, respectivamente, sobre el sueldo pero hasta el lí-mite de $ 4.800. Más arriba de ese monto, es decir normalmente en el nivel de empleados de categorías más altas, los aportes son voluntarios. El cambio que sancionó ayer Diputados provocará no sólo un mayor aporte a la jubilación estatal o privada, sino un aumento de la carga para las empresas sobre los sueldos, por ejemplo, de nivel gerencial.
• Crítica
El destino de esos mayores fondos fue fijado para el adelanto de cuotas en el pago de los retroactivos a jubilados por la eliminación del recorte de 13%. Una de las críticas realizadas ayer en el recinto es que no existe un cálculo serio sobre la posibilidad de pagar esos adelantos con lo recaudado por mayor presión sobre las empresas.
El final de la sesión fue más movido que en años anteriores. Cuando los diputados intentaron comenzar con la clásica maratón de nuevos artículos que incrementan el gasto, y que por lo general luego son vetados por el PEN, el mendocino Gutiérrez pidió la palabra: «No podemos permitir nuevamente que se metan estos curros de fin de año. Siempre aprovechan para meter sus negocios cuando después de 30 horas de sesión todos estamos cansados», dijo. No pudo terminar de hablar que el escándalo había estallado. Los diputados del radicalismo y el PJ comenzaron a insultarlo al límite que Camaño le pidió: «Diputado por favor retire la palabra curro de su discurso y así calmamos la sesión». Gutiérrez accedió a pedirles a los taquígrafos esa eliminación, pero el escándalo siguió y el presidente de la Cámara optó por terminar el debate y cerrar la sesión sin incorporar el mayor gasto.
Así quedaron afuera un pedido para distribuir regalías de la represa de Salto Grande a las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, el plan de radarización por $ 400 millones -el propio Ariel Basteiro de la Asociación del Personal Aeronáutico dijo que con 10% de ese monto se podía garantizar la seguridad aérea-y hasta la reconsideración del proyecto que modificaba el Impuesto a las Ganancias y que había vuelto a comisión la noche anterior.




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