Control impositivo de los campos con foto satelital

Ya ha trascendido que Diputados aprobó una ley de presunción de evasión que pasó al Senado. Un punto polémico es que la AFIP calculará la productividad, ganancia y, por consiguiente, el monto del impuesto de las explotaciones agropecuarias a partir de fotos satelitales para limitar la evasión. Además, si lo aprueba el Senado, se invertirá la carga de la prueba: el organismo presupone tal monto impositivo por existencia de ganado o cereales, según su medición, y el productor luego puede refutar con pruebas que no es tal su productividad y, por tanto, el impuesto que le aplican. Se van agudizando los métodos de control del pago de impuestos, pero el Estado no reduce su exceso de personal, sus subsidios, sus gastos en elecciones con dinero de los contribuyentes, ni el dispendio vía los bancos oficiales. Cuando la evasión pase a ser casi nula -y está bien que así lo sea-, el Estado tendrá que ser serio en el gasto público y en brindar servicios. Lo contrario será una injusticia que generará reacciones de la gente del campo y de otros sectores.

El Ministerio de Economía, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) prepara un amplio plan de inspecciones vía satélite para el agro, con la intención de combatir lo que para el gobierno es uno de los mercados donde más volumen de compras y ventas en « negro» existiría: el agropecuario. Según la visión de la cartera que dirige Roberto Lavagna, este mercado debería estar liquidando como mínimo unos 7.000 millones de pesos más que los que se pagan anualmente; sólo contabilizando el comercio dentro de las fronteras de la Argentina. Si además se suman los otros 5.000 millones de pesos que según el gobierno se evadirían en el comercio exterior de los productos del campo, oficialmente se asegura que la falta de ingresos de los productores primarios superaría los 10.000 millones de pesos. En este cálculo, se incluyen tanto los tributos a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Bienes Personales; como también los previsionales a los empleados que trabajan en los diferentes establecimientos del país.

Para intentar controlar al sector (por lejos el más fuerte de la economía argentina posdevaluación), la Administración AFIP avanza en dos legislaciones que serían aprobadas por el Congreso antes de que termine setiembre. Por un lado, ya es casi un hecho que las exportadoras que trabajen con empresas intermediarias instaladas en «paraísos fiscales», deberán tomar como valor de los granos que envíen al exterior; el del día de compra en lugar del de embarque como se efectúa en la actualidad. La segunda medida, por la que ya están acusados varias empresas, la AFIP fiscalizará especialmente a los acopiadores de granos en las operaciones de compra entre empresas del mismo grupo. Por esta vía ya acusó de evasión por 30 millones de pesos a por lo menos 10 acopiadores.

Ahora, y cuando el Legislativo apruebe la ley, el organismo montará un sistema de control satelital sobre los campos, para intentar descubrir casos de comercio agropecuario en negro. La idea de la AFIP es que inmediatamente después que el Senado convierta en ley la autorización para controlar satelitalmente al campo, comenzar con este tipo de inspecciones. Para esto ya está funcionando dentro del organismo que maneja Alberto Abad, un grupo de agentes y técnicos que tendrían a cargo esta responsabilidad.

• Cruzamiento

En mecanismo funcionaría a partir de las imágenes que obtendrían los satélites en diferentes establecimientos agropecuarios. Según aseguran en la AFIP, esos datos servirían para luego cruzar la información que surge de las declaraciones de IVA, Ganancias y Bienes Personales de los propietarios de los establecimientos o las empresas que las exploten; y cuando surjan diferencias entre lo que la DGI supone se produjo y lo que efectivamente se declaró; será legal «presumir» que hubo evasión. Será responsabilidad del propietario demostrar que la situación fiscal está en orden. Con esto la legislación «invierte la carga de la prueba», ya que hasta ahora era responsabilidad de la AFIP encontrar y probar la evasión; mientras que desde que se ponga en práctica este mecanismo, esa tarea pasa al propietario o la empresa que maneja un campo.

Si efectivamente se detecta la evasión, la ley que está en el Senado permitirá acusar de evasión en Ganancias por «un monto equivalente a las diferencias de producción en concepto de incremento patrimonial, más 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles».