Crecen día a día los conflictos laborales y sociales en el país

Día tras día se agravan los conflictos laborales y sociales a lo largo de todo el país, tanto en empresas privadas como en el Estado. Los promueven no ya caciques sindicales ni, como en otras épocas, sectores ideologizados en lucha con aquellos jefes eternos de las organizaciones gremiales. Más bien, se asiste a la aparición de manifestaciones de protesta protagonizadas por espontáneos que ven que hubo más inflación, que hay falta de autoridad en el Estado y debilidad de jueces para defenderlas posiciones de las empresas en campo propicio para sus reclamos. Saben que cualquier presión que hagan, y más si tiene eco de prensa, será eficaz porque no hay contención en los niveles del poder y que los empleadores, privados o públicos, se verán forzados a ceder. Desde ayer, hay paro en hospitales públicos de Capital; hoy se suman universidades de todo el país; también, la administración pública porteña. Detrás vienen judiciales y maestros. En el sector privado, el panorama es también el de una escalada de conflictos: gremios con historia de insurgencia como SMATA -mecánicos de automotrices- recurrirán al método piquetero de cortar calles para reclamar que las empresas lleven el salario mínimo a $ 2.000. Están en marcha negociaciones de mercantiles y trabajadores de la carne, por citar sectores ligados al consumo primario y que podrían impactar sobre los precios. El gobierno se defiende con el argumento de que los reclamos reflejan un cambio positivo, que no son protestas por cierre de empresas o despidos, sino para participar de la supuesta mejoría económica. Es una mirada errónea: el conflicto permanente predispone mal a los ciudadanos y genera malestar e incertidumbre entre los empresarios, que deben soportar las presiones sindicales y aguantar, desprotegidos, la toma de empresas o su paralización ante un gobierno y una Justicia que no intervienen.

Sindicalistas estatales amenazan otra vez con paros en los hospitales de la Capital Federal y en los centros que dependen del gobierno nacional. Ayer confirmaron 48 horas de protestas a partir de mañana.

No es necesario recurrir a la estadística para saberlo: basta con recorrer la Ciudad entre piquetes y marchas, concurrir a una oficina estatal a iniciar un trámite o a una empresa en medio de un paro para detectar que la conflictividad laboral está en plena ebullición.

Pero esto también lo confirman los datos: durante mayo, en todo el país se registraron 71 conflictos laborales producto de la creciente y genérica demanda de aumento salariales, según un informe elaborado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría. Los 71 conflictos del último mes muestran un crecimiento de 24% respecto de abril pasado y casi triplica los 27 registrados a mayo de 2004. Duplica, además, el promedio (32) de los últimos dos meses, en los cuales se detectaron 386 planteos de tipo laboral.

Y nada permite suponer que ese desborde de reclamos -que derivan en medidas de fuerza de distinto tipo, algunas más violentas que otras se interrumpa o siquiera se modere. Por el contrario, todo indica que se agravará.

• Homologaciones

En lo que va de 2005, el Ministerio de Trabajo homologó acuerdos empresa-gremios que incrementaron los salarios de 1,2 millón de trabajadores sobre 5,3 millones registrados en el sector formal. Es decir: potencialmente, otros 4 millones pujan o lo harán por un aumento.

Al margen, hay que evaluar el sector estatal, el más proclive y activo a la hora de las demandas. Indicadores que lo prueban: de los 386 conflictos del último año, 64% se generó en el Estado mientras 27% se produjo en empresas de servicio y 9% en el sector industrial.

En rigor, la «agenda» de paros y medidas de fuerza se concentra casi exclusivamente en el Estado. Ayer se inició una huelga en hospitales porteños y bonaerenses (seguirá hasta mañana), hoy en las universidades nacionales y el jueves paran los empleados judiciales.

En paralelo, desde hoy y por 48 horas, los afiliados a ATE interrumpirán sus tareas en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El motivo: un aumento de $ 150 concedido por Aníbal Ibarra pero que, dicen los gremios, todavía no fue liquidado en los haberes.

También hay protestas en Vialidad Nacional, el Ministerio de Desarrollo Humano, de los trabajadores del Teatro Colón, del Consejo de la Magistratura y los docentes de la provincia de Buenos Aires amenazan con más días sin clases. El jueves, en tanto, CTA realizará un paro nacional.

Hay razones puntuales para que el Estado sea un volcán. La administración nacional cuenta con 240 mil empleados (130 mil de fuerzas de seguridad). El último aumento rige desde el 1 de enero, que consistió en $ 100 para quienes cobraban menos de $ 1.250 por mes.

• Multiplicación

Genera pánico extender esa realidad a las provincias donde hay -nadie tiene un número preciso- más de un millón de empleados, sin computar a los municipios que sumarían otro tanto lo que multiplica el problema. Un paneo por el país revela hasta qué punto roza niveles críticos (ver vinculada).

El aumento otorgado en enero contuvo las protestas apenas por un rato: ahora los estatales piden subas para los sueldos más altos. Algo similar ocurre con los privados y el retoque del salario mínimo que equiparó, en cuanto a haberes, funciones distintas, lo que, más temprano que tarde, generará más reclamos.

De hecho, el Ministerio de Trabajo certifica al menos 20 mesas de negociación entre gremios y empresas. Para hoy, por caso, se espera una resolución con los mercantiles, gremio que tiene 700 mil trabajadores. En mayo pasado, hubo acuerdo con UTA, UOM y Alimentación que alcanzó a 500 mil empleados.

Lo mismo ocurrió con los encargados de edificios -unos 40 mil- y, por citar otro ejemplo, la industria del pescado. En total, en el primer trimestre del año se firmaron 82 acuerdos, a los que entre abril y mayo se agregaron otros 30.

En tanto, están en trámite los acuerdos del empleados de la carne y los del Sindicato Unico de Publicidad donde las negociaciones parecen encaminadas. No, en cambio, entre SMATA y las automotrices que mañana tendrán otra junta convocada por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

Una radiografía del nivel de conflictividad de los últimos 12 meses arroja lo siguiente cuadro:

• Los docentes son el sector más agitado: 31% de los conflictos estuvo ligado a protestas educativas.

• La administración pública ocupa el segundo lugar -sumando las acciones de ATE y UPCN, los gremios más importantes- con 25% de los hechos registrados.

• Camioneros y autotransporte tuvieron, cada uno, una participación de 5%.

• El resto se completa con aeronáuticos (4%), judiciales, bancarios y alimentación (3% cada uno), ferroviarios (2%) y 16% del resto de los gremios.

El clima de conflicto generado por empleados que reclaman aumento salarial tiene un aporte adicional: el de los desocupados que, a través de agrupaciones piqueteras, presionan para lograr un incremento de los subsidios oficiales de los $ 150 actuales a $ 350.

A pesar de todo, el gobierno lo observa como un dato positivo. Desde el ministro de Trabajo sostiene que las demandas reflejan un cambio saludable porque «antes las protestas eran por cierre de empresas o despidos y ahora es para participar de la mejora económica del país».

Pero esa ecuación -que tampoco es aplicable a todas las empresas- tropieza frente a la demanda de los estatales, hoy por hoy, el sector con mayor nivel de conflicto. «La rigidez presupuestaria impide reaccionar en función de los reclamos», explican desde el gobierno.