Fernando de la Rúa aprovechó anoche el cierre de la convención de ABA para adelantar qué piensa hacer en el PAMI, donde tiene al interventor Federico Polak renunciado hace casi una semana, y en la ANSeS. Esos dos organismos concentran la mitad del gasto del presupuesto nacional y su control lo tironean el partido de gobierno y Domingo Cavallo. El dictamen del Presidente ante esa crisis es que atacará el dispendio en los dos entes a cuya burocracia identificó como enemiga de su gestión. No dio más detalles pero sí el método: usará los poderes especiales que le cedió el Congreso para amparar una serie de decretos y llevar adelante el ajuste del gasto.
En la reunión de gabinete que Fernando de la Rúa y sus ministros realizaron durante la mañana de ayer, igual que en la clausura de la asamblea de la Asociación de Bancos, al atardecer, el Presidente anunció una racionalización del PAMI y de la Administración de la Seguridad Social (ANSeS). Fue aplaudido, porque significaba el anuncio de una reducción de gastos que se echó de menos en el paquete que anunció el gobierno hace 15 días.
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Sin embargo, al adelantar que existe un plan de austeridad para esas dos reparticiones, De la Rúa impartió la extremaunción, tácitamente, a uno de los proyectos que pretendía ver aprobado Domingo Cavallo: la creación de un ministerio de la Seguridad Social que unificara todos los programas en la materia y al frente del cual estaría su escudero Armando Caro Figueroa.
Fue la novedad más importante de ayer, un día en que la actividad oficial se inició con una reunión de ministros anodina, en la que se volvió a hablar de mejorar el rendimiento del gasto social, ahora a partir de la experiencia que lleva adelante en la turbulenta Salta el secretario de PyMEs, Enrique Martínez, y de los planes de reconversión que está estudiando Caro.
Sin embargo, el gobierno todavía no había definido ayer la identidad de quien estará al frente del PAMI. Todos los reflectores están posados sobre Raúl Pistorio, un dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, experto en sanitarismo, que ya pasó por esa obra social en tiempos de Raúl Alfonsín y que se desempeñó también en la actividad privada (fue uno de los primeros en intentar, en vano, una racionalización de la Fundación Favaloro). Pero no se terminó de analizar dentro del Ejecutivo la conveniencia o no de componer un triunvirato en el que participen también Edgardo Trivisonno (médico personal de algunos De la Rúa) y Oscar Capurro Robles (ex peronista y hoy militante en el ala Frepaso del «lombardismo»).
Ayer, después de la reunión de gabinete, el Presidente se enfrascó en un conciliábulo con Lombardo y Cavallo, donde se abrió uno de los flancos del problema: la pretensión de Economía de controlar una «caja» desajustada. El ministro de Salud llevó al encuentro un argumento: «Si querés saber cómo se administra, poné el síndico». Pero Cavallo, se sabe, pretende algo más que un contralor en la tesorería: cree que hay que hacer una verdadera reforma en el sector salud, del cual el PAMI es el principal actor.
Pero si las designaciones están suspendidas, no es, solamente, por la manera tan peculiar que tiene De la Rúa para nombrar a sus colaboradores y por las pretensiones de Cavallo. También operan demorando la definición los adversarios de Lombardo en la interna de la salud, entre los que se cuentan sindicalistas y dirigentes importantes del radicalismo porteño dedicados a ese rubro (el Presidente conoce perfectamente este entramado, a tal punto que en la última reunión que mantuvo con la CGT dialoguista hizo sentar deliberadamente a Lombardo, a quien los «gordos» querían excluir). El ministro de Salud sabe también de estas dificultades que siembran su camino y acaso fue por esto que ocultó el viernes pasado al jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, que pediría la renuncia de Federico Polak. Colombo montó en cólera por esa movida a sus espaldas: sucede que como urdidor del acuerdo político es el encargado de mantener calmo el frente sindical y también el de la UCR de Raúl Alfonsín, padrino político de Polak.
El activismo de los gremialistas se notó ayer, cuando varios centros de jubilados se dirigieron a la sede del PAMI para tomarla, aprovechando que el instituto está acéfalo. En la misma operación estuvo, casi como en un estreno electoral porteño, la Argentina República de Iguales, de Elisa Carrió. Los seguidores de la diputada siguen una vieja tradición, ya que todos los lanzamientos electorales porteños (desde el propio De la Rúa hasta Aníbal Ibarra con sus denuncias) tuvieron como playa de maniobras la obra social de los jubilados.
Si bien la pulseada con Cavallo no tuvo desenlace ayer, antes y después de la reunión De la Rúa aseguró que no habrá cambios de jurisdicción para el PAMI y tampoco para la ANSeS. Fue un compromiso asumido por él mismo con Alfonsín, quien la semana pasada, cuando comió en Olivos, se inquietó por lo que supuso un nuevo avance de Cavallo dentro del gobierno (en rigor, el ministro tuvo pocas expansiones en la burocracia oficial, otra diferencia con la gestión anterior, durante el mandato de Carlos Menem, quien se resignó a que Economía ocupara prácticamente todo el segundo escalón de la administración).
• Internismo
De la Rúa adquirió, además, un criterio claro para moverse en ambas áreas, la previsional y la del PAMI: el resultado de la interna bonaerense del radicalismo. Es cierto que un tema no tiene nada que ver con el otro, salvo para la mayoría de los funcionarios del gobierno. Es que en la ANSeS todavía está enraizada parte de la clientela de dirigentes importantes del radicalismo de Buenos Aires, como Leopoldo Moreau o Melchor Posse. En el PAMI sigue al frente de una de las gerencias económicamente más decisivas Juan Storani, hermano del ex ministro del Interior, Federico, que suele ser implacable.
Pero los adelantos realizados por el Presidente ayer no se limitaron a asegurar que no habrá traslados de áreas para el PAMI y la ANSeS (que seguirá dependiendo de Trabajo). En la reunión con los ministros, se estableció que si se realizan ahorros en la ANSeS, serán destinados a ampliar los recursos de asistencia social. Es cierto que el gobierno está abrumado por los sucesos de Salta, pero también debe consignarse que está en plena campaña electoral.
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