El peronismo del Congreso tratará de darle un marco jurídico a la declaración de default. Aun cuando se trate de un pronunciamiento testimonial sin mayor relevancia en el ámbito internacional, el oficialismo pretende cubrirse de la eventual ola de demandas judiciales de los acreedores y justificar la primera medida de Adolfo Rodríguez Saá como presidente.
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Ayer, el senador entrerriano Jorge Busti presentó un proyecto de ley que sostiene que la suspensión del pago de la deuda está justificada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que posee rango constitucional en la Argentina. De acuerdo con este pacto, se puede declarar la cesación de pagos cuando ponen en riesgo los derechos humanos de los ciudadanos de cualquier país del continente.
Según el ex gobernador mesopotámico, el artículo 27 sostiene que se puede dejar de pagar temporariamente y hasta tanto desaparezcan las causas generadoras de la emergencia social e institucional, sean intereses o capital. En ese sentido, recomienda comunicar de inmediato la decisión a la Organización de Estados Americanos y formar una comisión bicameral -diputados y senadores- para iniciar acciones legales que correspondan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al Congreso -recuerda Busti- le corresponde arreglar el pago de la deuda interior y exterior, según el artículo 75 inciso 7 de la Constitución.
En los fundamentos, el legislador del PJ explica que «es necesario darle a tal decisión política la máxima juridicidad para que sus alcances y consecuencias sean debidamente comprendidas y respetadas en el concierto internacional, que no se trata de una medida arbitraria e irrazonable de deudores incumplidores como consecuencia exclusiva de riesgos excesivos asumidos por operaciones legítimas de toma de deuda».
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