Algún raro motivo habrá inspirado al grupo de conjueces de la Corte Suprema para postergar hasta abril una decisión sobre el pago del Impuesto a las Ganancias que la AFIP les reclama a magistrados sanjuaninos. La demora genera extrañeza porque entre siete y ocho jueces que integran ese tribunal supletorio -que preside Carmen Argibay- están a favor de que sus colegas no tributen Ganancias. Al menos, ésa fue la señal que enviaron ayer durante la discusión de este controvertido capítulo económico y luego de acordar mantener el tema en suspenso hasta el 11 de abril. La elección de la fecha estaría relacionada con la cercanía del vencimiento del plazo que tiene el gobierno para decidir si sube o baja el mínimo no imponible.
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Postergación o no, ya están los votos para mantener en vigencia lo que dijo el tribunal en 1996. En la recordada acordada N° 20, la Corte calificó como «inaplicable» una modificación impuesta por el Congreso a la ley que dispuso la exención del Impuesto a las Ganancias para los magistrados en actividad y jubilados, así como para funcionarios federales.
En esa acordada, los jueces supremos expresaron que los magistrados «están exentos de cualquier impuesto que ponga en pugna la intangibilidad de la remuneración de los jueces, consagrada en el artículo 110 de la Constitución nacional».
Los amparistas en esta causa son jueces provinciales jubilados, y la Constitución sanjuanina, en su artículo-200, señala que las remuneraciones de los magistrados «no pueden ser disminuidas con descuentos que no sean los que la ley dispusiera con fines de previsión o carácter general».
Por su parte, la AFIP entiende que la Ley del Impuesto a las Ganancias es una norma de carácter general y que, por lo tanto, corresponde que los jueces jubilados que presentaron los amparos paguen por ese concepto.
• Debate
La corte supletoria que resolverá esta situación está integrada por los jueces Argibay, Leopoldo Schiffrin, Jorge Ferro, Carlos Pereyra González, Juan Carlos Poclava La Fuente, Gabriel Chaufovsky, el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti y los abogados Alberto García Lema y Héctor Méndez.
El debate gira en torno a si la Constitución provincial choca contra los preceptos de la nacional y, por lo tanto, si debe hacerse lugar a los recursos o si los jueces de San Juan deben ajustarse a lo que indica el artículo 200 de la Constitución provincial.
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