El gobierno instalará en París desde mañana y durante 15 días a un equipo de abogados que deberá defender al Estado nacional de una demanda de la empresa Azurix por más de u$s 400 millones que se cree víctima de una confiscación a raíz de la pesificación de la economía bajo la administración de Eduardo Duhalde.
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El juicio se hará en el tribunal arbitral del Banco Mundial, creado para resolver diferencias entre empresas (CIADI) pero que está siendo cada vez más usado por concesionarios y contratistas privados para reclamarles a los Estados por diversas demandas. El Estado será representado por el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmini, que hasta hace un mes era juez en lo contencioso administrativo, cargo donde hizo fama como cesionario de amparos en favor de ahorristas acorralados en bancos desde diciembre de 2001 y que tenían situaciones de emergencia (enfermedad, especialmente).
Lo acompañará un equipo de abogados que heredó del anterior procurador, el actual ministro de Justicia, Horacio Rosatti, junto con una estrategia que parece debilitarse con el correr de los días y que merece un repaso minucioso para entender la suerte que puede tener este trámite que retendrá a Guglielmini casi dos semanas en la Ciudad Luz. Guglielmini, como el actual ministro Rosatti, se diferencian del resto de los abogados y asesores de la Casa de Gobierno por defender la necesidad de no bajarse de estos juicios, una sugerencia que se basa en la presunta inconveniencia de responder a planteos de empresas que tienen en el tribunal CIADI todas las de ganar. Guglielmini y antes Rosatti calificaron esa posición como inviable porque marginaría al país mucho más del sistema internacional de lo que ya está.
• Los funcionarios reconocen, sin embargo, que las chances del país de ganar esos juicios son muy relativas. Más todavía, creen que aun si el país se beneficiara con sentencias leves (como multas simbólicas), igual debería rechazarlas so pena de convalidar la legitimidad de un tribunal al que en todas las contestaciones de las demandas la Argentina le ha negado jurisdicción. En la presentación de hace dos meses de Rosatti ante un reclamo, también en París, de la Transportadora de Gas del Norte, y ahora en la de Guglielmini ante Azurix ( prestadora de aguas sanitarias en la provincia de Buenos Aires, según un contrato que se cayó por incumplimiento), figura el rechazo formal a la jurisdicción extranjera.
• Más allá de esas expresiones que pertenecen a la táctica de la defensa, el gobierno reconoce que la Argentina ha cedido la jurisdicción a tribunales extranjeros en contratos, acuerdos de protección de inversiones y cartas de intención con organismos financieros internacionales. Los reclamos que se pelean ahora (por ahora gas y agua, pero vienen los DNI, teléfonos y los demás servicios privatizados) se basan en la pesificación de la economía. Eso deja margen a un rechazo de la jurisdicción argumentando que el manejo del tipo de cambio es una decisión soberana de un gobierno, una cuestión de interés público que no puede ser objeto de examen por tribunales extranjeros.
• ¿Qué otra herramienta tienen estas defensas? No muchas más, si se tiene en cuenta que los jueces arbitrales del CIADI son muchas veces, a la vez, abogados de las empresas demandantes, con lo cual están escribiendo como jueces privados la jurisprudencia de la que podrían beneficiarse en otras causas en el futuro como patrocinadores. Lo que parece debilitar aun más la posición es la ausencia de un verdadero respaldo político desde la cúpula de una tarea -la defensa ante los tribunales arbitrales- que es parte de una estrategia donde las áreas de Economía (Roberto Lavagna) e Infraestructura (Julio De Vido) debían ser igualmente activas.
• La defensa en arbitrajes internacionales, en efecto, es una pata de la política que se había trazado al asumir este gobierno y que, como en otros tantos terrenos, no ha logrado casi nada. Ir a los juicios del CIADI, aun frente a planteos no de empresas sino de socios minoritarios de compañías cuyos controlantes siguen teniendo inversiones en el país y buscan renegociarsus compromisos bajo esa presión. La otra pata era que los ministerios afectados a la renegociación avanzasen con algún éxito en nuevos compromisos. Más aún: toda la tarea de los abogados del Estado ante el CIADI obedeció a la intención de ganar tiempo para esa renegociación.
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