Demoran fin de polémica concesión

Aníbal Ibarra

Tal vez pocos porteños se imaginen hoy un desalojo de la recova de Posadas (entre Cerrito y Carlos Pellegrini y Libertador, camino al norte bonaerense en pleno corazón de la Capital Federal) y mucho menos al estilo del ex Padelai en San Telmo. No es un problema, tampoco lo cree así la secretaria de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Marta Albamonte, quien estudia una salida con modales acordes con la zona, para hacer cumplir un dictamen de la procuradora general de la Ciudad, Alejandra Taddei. La abogada ha dictaminado el fin a los permisos para que funcionen, en las condiciones económicas que hoy están, los locales de gastronomía de la recova, un estacionamiento y la ya conocida estación de servicio por encima de la cual transitan cerca de 60.000 vehículos a diario, entre otros comercios.

Se trata de una concesión que otorgó el ex intendente Carlos Grosso, pero que luego los beneficiarios habrían distorsionado imponiendo comercios que no eran objeto de la licitación y que actualmente pagan por ellos casi como un alquiler de un pequeño departamento. Desde entonces persigue la nulidad de los permisos el ex concejal Marcelo Gey, quien, después de tantos años de pelea municipal, acaba de lograr que la propia administración porteña le dé la razón.

Taddei, en un documento remitido a la Secretaría de Hacienda, ordenó «la inmediata restitución a la Ciudad de los bienes dominiciales ocupados únicamente por la concesionaria Plaza Intendente Alvear SA», pero se lo rechazaron otras oficinas. Ahora pide la abogada que con urgencia se resuelva el tema mientras «se licita nuevamente o se subastan los inmuebles».

Se trata de la firma que tiene la explotación de unos 16 locales, entre conocidos restoranes -un polo de atracción gastronómica en la Capital Federal-, un banco, agencias de autos, y otros, que por una decisión de Grosso, en 1991, fueron concedidos por la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por cinco años, pero luego el ex Honorable Concejo Deliberante prorrogó la medida por 20 años. Por ese motivo, Grosso fue interpelado en el ex Concejo, donde ocupaba una banca Aníbal Ibarra, hoy enjuiciado por el nuevo estatus de esa institución, la Legislatura porteña.

Gey explicó que decidió denunciar el negocio de las concesiones «porque hubo distorsión del rubro», entre otras cuestiones, es decir, la explotación comercial siguió un curso diferente para el cual había sido autorizada.

Desde entonces, además, la firma beneficiada con la norma habría cambiado de accionistas, impidiendo «como en el local de Cromañón», indica el ex concejal, que se conozcan quiénes son sus verdaderos dueños en la actualidad.

Gey, quien también fue denunciante de las irregularidades en la concesión de la autopista Illia, logrando un fallo favorable, consideró que «el dictamen de Taddei es brillante y va a servir de base para reconquistar para la Ciudad el Tattersall de Palermo», otro de los temas que ocupan al ex edil, por sentimiento porteño, según parece.

Los locales estarían pagando un total de $ 18.000 mensuales, mientras que se calcula que por la ubicación, cada uno de ellos debería reportar esa cifra en dólares por mes, lo que refleja la magnitud del perjuicio económico para la Ciudad, además de considerarse las irregularidades que podrían estar llevándose a cabo.

Los vericuetos por los cuales atravesó la denuncia referida a la recova de Posada, que hoy parecen despejados, fueron variados. Entre ellos, un dictamen de la ex procuradora Daniela Ugolini en tiempos de la gestión de Enrique Olivera, que aconsejó rescindir los contratos. Después llegó Ibarra a la administración, y el año pasado, en su transitoria gestión al frente de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad -pos-Cromañón, Juan José Alvarez admitió que el expediente de habilitación de la estación de servicio Shell se encontraba extraviado y ordenó un sumario administrativo.