12 de junio 2007 - 00:00

Derivaciones de Skanska: traban obras de energía

Las principales empresas generadoras de electricidad no llegaron a un acuerdo con el gobierno para quedarse con el control, aportando más fondos, de dos nuevas centrales térmicas que se están construyendo. Son las que, si se terminan en un año, permitirán evitar una crisis energética a pleno (por más que el invierno sea benigno en temperaturas). ¿Por qué no quieren esas empresas el control de las centrales? Simplemente, por la incertidumbre del negocio, que hace necesaria la construcción de gasoductos, hoy una palabra que inmediatamente remite al caso Skanska.

Las principales generadoras eléctricas que operan en el país no llegaron a un acuerdo con el gobierno para quedarse con el control de las dos nuevas centrales térmicas que se están construyendo en Campana y Timbúes, y esto está dando lugar a presiones cruzadas.

Según la Secretaría de Energía, que maneja Daniel Cameron, las alternativas planteadas por las empresas privadas implican rentabilidades superiores a las del proyecto original, por lo cual finalmente para el financiamiento faltante, se pidió a las compañías que aporten 50% de las liquidaciones de 2007, las que se les devolverán en 120 cuotas cuando las centrales estén funcionando.

La disputa se produce en el contexto de la crisis energética, y cuando desde el sector privado no aparecen proyectos de inversión para generar más electricidad, entre otras razones, porque la incertidumbre sobre el gas a futuro, ya no hace tan rentable al negocio como a mediados de la década del 90.

Para afrontar estas circunstancias, en 2004 la Secretaría de Energía ideó el proyecto de instalar dos nuevas centrales para lo cual las generadoras debían ceder lo que se les debía por la energía eléctrica que habían vendido y no se les había pagado entre 2003 y 2004 (las que imaginablemente no se les iba a pagar en su mayor parte).

Como consecuencia de esto, las principales accionistas de las dos nuevas generadoras son las que tenían mayores acreencias: Endesa, AES, Petrobras y el grupo Bemberg (este último porque le compró a la francesa Total sus activos eléctricos, entre ellos Central Puerto).

En setiembre del año pasado, tras licitar el equipamiento (ganó Siemens porque ofreció menor plazo de entrega) el gobierno advirtió que el proyecto iba a superar el costo original de 900 millones de dólares, formulado simplificadamente sobre el costo de la última central instalada en el país por 450 millones de dólares.

Sin embargo, con la revalorización de la energía a nivel mundial, los precios subieron alrededor de 30%, y desde mediados del año pasado se sabe que las centrales saldrán unos 1.300 millones de dólares.

Fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que se les propuso a tres de las compañías mencionadas, aportar el dinero que faltaba a cambio de quedarse con cada una de las centrales.

Como no hubo acuerdo sobre esto, Energía fue haciéndose cargo de las cartas de crédito para la importación de equipos de febrero y marzo, y descontando anticipadamente en el Banco Nación todas las acreencias de las generadoras.

Pero como el gobierno no tiene presupuestado el dinero que falta, terminó requiriendo de nuevo que las generadoras resignaran 50% de las liquidaciones de este año, pero esta vez a modo de un aporte que se devolverá a medida que las centrales generen, y no a cambio de acciones.

Esta semana vence el plazo para que las compañías respondan si adhieren al esquema, pero en principio siguen intentando que se les reconozca participación accionaria por los aportes.

Según los privados, el gobierno cambió las reglas de juego y estaría boicoteando un esquema que resulta bueno porque ninguna generadora por sí sola instalaría hoy un nuevo ciclo combinado.

Se sospecha que las negociaciones seguirán esta semana y que puede haber alguna postergación del plazo límite. Un dato llamativo es que el gobierno, finalmente, recibe las mismas negativas de parte de los grupos locales que ingresaron al negocio que de los internacionales, aun cuando se viene elogiando la « argentinización» de la producción de electricidad.

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